Honduras: 18,270 millones de lempiras al año se mueven por extorsión

Frente a la evolución del problema, la Policía Antiextorsión se ha rezagado en su metodología de investigación, por eso solo captura a los que recogen el dinero, sin lograr alcanzar a los cabecillas

En la lucha contra la extorsión hay un combate descoordinado entre los operadores de justicia, ya que mientras la Policía los captura, los jueces los dejan libres.

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La extorsión se volvió en Honduras una industria muy violenta que recoge anualmente alrededor de 737 millones de dólares, unos 18,270 millones de lempiras, equivalente al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a un 14.7% de la recaudación fiscal.

“Estimamos que en Honduras se pagan alrededor de USD 737 millones al año por extorsión. Esto representa el 16% de la recaudación tributaria para Honduras en 2022. Ese cálculo lo desarrollamos para este estudio con base en el análisis minucioso de expedientes judiciales. De otra forma, sería difícil aproximar cuánto se paga en extorsión”.

Así lo expone una investigación denominada “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, realizada por Andreas R. Daugaard, Edgar Aguilar y Juan Martínez D’Aubuisson, para Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la asistencia en el trabajo de campo de Angélica Figueroa. El estudio tuvo la supervisión y revisión de Kurt A. Ver Beek.

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$!Honduras es el país de Centroamérica donde la extorsión en vez de reducirse aumentó, generando un impacto en lo económico y en el aumento de la inseguridad y la migración.

Impacto

El equivalente de la extorsión en lempiras se obtuvo de la conversión de 24.79 precio actual del dólar frente al lempira. De acuerdo con el estudio, cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de 3,568 dólares, que en moneda nacional serían 87,427 lempiras.

A nivel regional, Honduras, Guatemala y El Salvador han sido severamente afectados por este tipo de actos, sin embargo, los datos reflejan que Honduras se quedó rezagada en su combate, por lo que el problema ha ido en aumento.

Incluso la incidencia de la extorsión no ha disminuido, comparada con el contexto previo a la pandemia. Por el contrario, los resultados indican un ligero aumento de 8.5% a 9%. La situación es tan grave que 206,623 hogares han sido impactados en el último año. Esto equivale a alrededor de 847,154 niños, niñas, jóvenes, y adultos perjudicados por este tipo de robo, proyectan los investigadores.

La extorsión es un fenómeno que se ha generalizado en el territorio. El 10.6% de los hogares urbanos y 7% de hogares rurales son víctimas de este delito. El costo real de la extorsión va mucho más allá que el daño meramente económico. La extorsión aumenta la inseguridad, motiva la migración, financia a grupos criminales, desincentiva la inversión y contribuye a la desescolarización, precisa la investigación.

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$!La refundación de la lucha contra la extorsión solo se ha quedado en el cambio de nombre de la unidad de combatientes, antes se llama FNAMP y ahora le pusieron Dipampco.

Evolución de la extorsión

Un esquema tradicional de la extorsión típicamente conlleva una mara que demanda un pago en efectivo de un negocio acompañado de una amenaza de violencia en caso que no se cumpla con el pago.

Sin embargo, las maras están haciendo cambios al esquema de extorsión para reducir los riesgos de ser capturados. Las nuevas tendencias incluyen pagos mediante depósitos digitales, uso de pagos en línea, transferencias de banco y billeteras digitales. Estos métodos hacen que la extorsión sea más difícil de identificar y perseguir por parte de las autoridades.

Para obtener más ingresos han adoptado la modalidad de la compra forzosa de bienes y servicios donde las víctimas son obligadas a hacer compras (rifas clandestinas, comidas y lavado de carros en ciertos lugares del grupo criminal), muchas veces a precios elevados para ocultar la extorsión.

También están forzando a ciertos afectados a vender drogas, asimismo están otorgando préstamos clandestinos a elevadas tasas de interés.

Por otro lado, como los repartidores o recogedores del dinero son los que están en un riesgo más alto de ser capturados por extorsión, entonces algunas maras usan servicios de mensajerías de entrega para movilizar el efectivo y reducir ese riesgo. “Los mareros están evolucionando para que no les caiga clavo”, dijo uno de los entrevistados.

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Denuncias

En 2021, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) -ahora Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipamco)- refleja haber recibido 1,908 denuncias. Para el mismo año, el Ministerio Público (MP) solo recibió 186 denuncias por casos de extorsión; por su parte, datos de la Policía Nacional de Honduras (PNH) muestran 151 denuncias.

Considerando que alrededor de 206,623 hogares fueron víctimas de extorsión durante ese año, añadiendo las denuncias por cada institución, encontramos que solo el 1% de las víctimas de extorsión denuncian este delito.

El sistema de justicia hondureña no registra denuncias para el 99% de víctimas, alrededor de 204,381 hogares.

Para 2021, datos del Ministerio Público reflejan 162 sentencias condenatorias por el delito de extorsión.

En relación con las denuncias que registraron la FNAMP, MP, y PNH, esto representaría el 7% de los casos ingresados al sistema. Sin embargo, comparado con el universo de casos reales de extorsión, según la encuesta, esto solo es el 0.08% de las instancias.

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Desfasado combate

Aunque la FNAMP o Dipampco parece ser sumamente efectiva en la captura de personas responsables de recoger el dinero exigido como parte de la extorsión, se ha rezagado en su metodología de investigación en el combate al problema, mostrando “un desconecte entre las varias formas de extorsión que ocurren en el país” ya que esta ha evolucionado y se da en muchas nuevas formas.

El 99% de las investigaciones del FNAMP se hicieron a causa de denuncia, pero la mayoría de los casos no son denunciados. El 100% de acciones judiciales se dieron por extorsión de cobros en efectivo. La metodología de la extinta FNAMP solo ayudaba a capturar individuos vinculados con extorsión que cobran el efectivo, y no es suficiente para seguir la pista de las mutaciones de la extorsión identificadas en este reporte.

El 97% de los perpetradores judicializados eran quienes recogían el dinero. Esto sugiere que miembros de maras en rangos más altos y autores intelectuales del crimen no están siendo capturados.

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Por otro lado, las maras tienen mucho control en las prisiones. Hay casos en los que supervisores de maras vigilan a los prisioneros todo el tiempo para que no compartan información con las autoridades.

Los entrevistados sugieren que los prisioneros tienen acceso a wifi que les permite hacer llamadas de extorsión desde las prisiones.

Los módulos de las cárceles ponen a los prisioneros en riesgo e incrementan el reclutamiento de las maras. Colocar individuos que esperan juicio en los módulos de las maras aumenta su reclutamiento y los riesgos para personas inocentes que están detenidas.

La extorsión es un fenómeno grande y de máxima preocupación en Honduras. “Vemos que el 9% de los hogares hondureños son víctimas de la extorsión, impactando a 847,154 personas”, y el dinero procedente de este cobro “financia el crimen organizado y ‘traga’ los márgenes de ganancias de las empresas, establece la investigación de ASJ.

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