Gobierno de Xiomara Castro cerrará con más de 500 muertos en 146 masacres
Según un conteo de EL HERALDO Plus, desde que Xiomara Castro asumió la Presidencia en enero de 2022, se registraron 562 fallecidos en masacres, pese al estado de excepción vigente gran parte del período
- Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 12:46
Tegucigalpa, Honduras.- Los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro se aproximan a terminar con un saldo de más de un centenar de masacres que han dejado el fallecimiento de un poco más de 500 personas.
La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus hizo un recuento de los homicidios múltiples registrados desde el 27 de enero de 2022 —fecha en que asumió la presidencia— hasta el pasado 10 de enero, día en que se reportó la primera masacre del 2026 en Olanchito, Yoro.
El recuento realizado a partir de un monitoreo de medios arroja que en 146 masacres perdieron la vida 562 ciudadanos. En promedio, hasta tres masacres se reportan mensualmente.
2022 fue el año con más masacres, contabilizando 47, que dejaron 167 víctimas mortales. En 2023 disminuyeron las masacres a 43, pero las víctimas aumentaron a 207. Cabe recordar que en junio de ese año ocurrió la cruel matanza de 46 privadas de libertad a manos de integrantes de la Pandilla 18 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Atención Social (PNFAS).
Para 2024, este crimen disminuyó en un 79%, al registrarse 24 masacres con el saldo de 78 fallecidos. No obstante, el año pasado incrementó en un 23%, con 31 masacres en las cuales murieron 107 personas.
En este análisis se excluyen las muertes violentas ocurridas durante enfrentamientos y se incluyen únicamente aquellas derivadas de ataques dirigidos o con un objetivo específico, incluso cuando hubo víctimas colaterales.
Zonas con más masacres
Al analizar la información desde una perspectiva geográfica, los departamentos con más masacres son Cortés (26), Francisco Morazán (24), Yoro (18), Olancho (16) y Colón (14).
Gracias a Dios es el único de los 18 departamentos donde no se reportó este tipo de crimen, mientras que en La Paz solo ocurrió una masacre.
Al hacer un desglose más focalizado, en 70 de los 298 municipios del territorio nacional se consumó al menos una masacre, siendo San Pedro Sula y Distrito Central donde más se reportaron, con 20 y 16, respectivamente.
En menor medida se posiciona Olanchito con cinco, así como Catacamas, Juticalpa, Trujillo, Puerto Cortés y Comayagua, con cuatro masacres respectivamente.
Lugares con más víctimas
Aunque Cortés fue el departamento con más mayor número de masacres, en cuanto a víctimas se ubica en el segundo puesto con 99, siendo superado por las 130 muertes registradas en Francisco Morazán.
El tercer departamento con más víctimas es Yoro (60), seguido de Olancho (56) y Colón (47). Los cinco departamentos mencionados concentran el 70% de muertes violentas.
El criminólogo Gonzalo Sánchez indicó que en estos departamentos hay mayor presencia de narcoactividad, y por ende, más violencia. El experto subrayó que en estas zonas no solo transita la droga, pues también se cultivan estupefacientes y se crean narcolaboratorios.
A su criterio, también la insuficiente cobertura policial en estos departamentos complica el combate contra el crimen organizado.
De los 70 municipios que donde se cometieron homicidios múltiples, Distrito Central es el que encabeza con más víctimas al contabilizar 117, seguido de San Pedro Sula (56), Comayagua (24), Choloma (19), Catacamas (18) y Olanchito (18).
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, explicó que los homicidios particulares y múltiples ocurren con más frecuencia donde hay narcotráfico, pandillas, lavado de activos, tráfico de armas y disputas entre grupos criminales por control de territorio.
Ayestas describió el panorama en Honduras como preocupante porque los grupos ilícitos son los que ponen "precio" a la vida humana.
De las 562 víctimas en masacres, 442 eran hombres, equivalentes al 79%. El 21% restante corresponden a mujeres, que se traducen en 120.
La académica puntualizó que una masacre no es un crimen al azar, sino que los responsables "lo planifican, tienen la logística, tienen las armas, los recursos económicos. Estudian muy detenidamente y por largo tiempo a la víctima para saber dónde entra, dónde sale, dónde compra, dónde hace sus actividades comerciales o de diversión".
Si bien la mayoría de estos crímenes son planificados, aclaró que no todas las víctimas resultan ser el "objetivo", sino que varias se convierten en víctimas colaterales. Esto debido a que suelen ejecutarse bajo una modalidad de sicariato, lo cual implica que los asesinos maten al resto de acompañantes "porque no quieren huellas ni rastros para que los localicen".
¿Y el estado de excepción?
La presidenta Castro determinó decretar un estado de excepción parcial con la finalidad de neutralizar la criminalidad en sus distintas modalidades.
Desde entonces y tras decenas de prórrogas, han transcurrido más de mil días sin garantías constitucionales bajo el argumento que la medida ayuda a reducir la inseguridad, pero en ese período se han registrado 416 homicidios en unas 105 masacres contabilizadas por este rotativo.
Si bien las cifras de muertes violentas vienen a la baja, con una tasa de homicidios de 22.22 por cada 100 mil habitantes al cierre de 2025, para los expertos entrevistados aún queda mucho trabajo para garantizar la seguridad ciudadana.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recordó que, aunque los homicidios disminuyeron en 2025, las masacres aumentaron comparado a 2024, por lo que considera que "eso no significa que hoy vivamos más seguros".
"Estos hechos muestran que la violencia más extrema sigue presente y que el problema no está resuelto", aseveró.
Señaló que el estado de excepción ha traído consigo denuncias contra las fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a derechos humanos. Para noviembre de 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) contabilizaba más de mil quejas interpuestas desde diciembre de 2022 producto de la disposición.
"La medida pudo contener ciertos delitos, pero no atacó las causas estructurales de la violencia", acotó.
Desde la perspectiva de Gonzalo Sánchez, el estado de excepción sí funcionó, pero "a medias". El experto enfatizó que ningún gobierno se ha dedicado a implementar políticas de seguridad mejor estructuradas, quedando únicamente en promesas vacías cuando aseguran que combatirán la inseguridad de manera frontal.
A su criterio, se debería tomar de ejemplo lo que El Salvador ha experimentado bajo la presidencia de Nayib Bukele, quien implementó una política de mano dura.
Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos como Humans Rights Watch, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han externado su preocupación por la situación en El Salvador por violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción decretado por Bukele desde marzo de 2022.
Fortalecer investigación
Los tres entrevistados coinciden en que robustecer el proceso de investigación es clave para desarticular desde la raíz a las estructuras criminales y frenar que avancen sus tentáculos.
Ayestas sostuvo que mientras no se fortalezcan las instituciones para identificar los cabecillas de las estructuras del crimen organizado, la violencia seguirá imperando en el país. En adición, se debe priorizar la judicialización de los casos para reducir la impunidad.
De igual forma, a las instituciones se les debe dotar de presupuesto para realizar sus operaciones y el Estado debe implementar labores de prevención de la violencia y detección de los factores riesgos.
Por su parte, el criminólogo Sánchez apuntó que no solo a la Policía Nacional le corresponde la lucha contra la inseguridad. Destacó que deben conformarse "un frente común" integrado por el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, Ministerio Público (MP), Congreso Nacional, operadores de justicia y otros órganos estatales para diseñar políticas para fraguar el crimen organizado.
En tanto, Castañeda sentenció que "hoy el desafío es claro. No basta con mostrar cifras a la baja ni con extender medidas excepcionales. Honduras necesita inteligencia criminal, investigación seria, control de armas y una presencia estatal que llegue antes de que la violencia estalle, no después. Mientras sigan ocurriendo masacres, cualquier discurso de éxito en seguridad seguirá siendo incompleto".
