Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido más de mil quejas durante el estado de excepción implementado por el gobierno.
Dentro de las quejas se establece que se han identificado “graves violaciones a derechos humanos, incluyendo potenciales desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, según lo establece el Conadeh.
Ante la última determinación de las autoridades gubernamentales de extender por 45 días más la medida, el ente de derechos humanos, exigió al Estado de Honduras no realizar la prórroga durante y posterior al proceso electoral, solicitud que no fue atendida.
La titular del Conadeh, Blanca Saraí Izaguirre, expresó su profunda preocupación por la prolongación del estado de excepción, el cual se encontraría vigente durante la celebración de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y posterior a éstas.
Desde el inicio de su implementación, el Estado anunció —tanto a nivel nacional como internacional— que dicha medida sería estrictamente temporal; sin embargo, a la fecha se contabilizan más de 1,072 días de restricción a garantías constitucionales, tiempo durante el cual el Conadeh ha recibido más de 1,000 quejas de personas que consideran que se le han violentado sus derechos.
En este sentido, el Conadeh recuerda que tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han advertido sobre los efectos contraproducentes de mantener este tipo de medidas en el tiempo sin realizar una revisión estricta de su necesidad y proporcionalidad, o cuando su diseño no guarda relación con los fines invocados por el Estado.
Asimismo, durante el más reciente Examen Periódico Universal (EPU), varios Estados Parte enfatizaron ante el Estado de Honduras la incompatibilidad, desnaturalización y falta de idoneidad de la medida para combatir la criminalidad.
De igual manera, el Conadeh observa con preocupación que los últimos Decretos Ejecutivos que prorrogan el estado de excepción fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta sin haber sido sometidos previamente a discusión y aprobación en el Congreso Nacional, lo que constituye una grave infracción al procedimiento establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República.
Tal actuación podría generar responsabilidad penal y administrativa, al contravenir el artículo 321 de la Constitución, el cual dispone que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley; todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
Es por eso que el Consejo de Secretarios de Estado carece de facultades para ordenar la publicación de un decreto de suspensión o prórroga de garantías constitucionales sin la debida autorización legislativa, lo que pone en entredicho la legalidad y validez formal de la medida adoptada.
Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) advierte que la reducción de homicidios no constituye un indicador suficiente para justificar la continuidad del estado de excepción.
Los delitos vinculados al crimen organizado no se limitan a la privación arbitraria de la vida, sino que incluyen otros fenómenos como la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por estructuras criminales, la trata de personas, el tráfico de migrantes y de armas, entre otros.
Además, la detención de personas por parte de los agentes policiales, tampoco constituye por sí sola un indicador de éxito, pues resulta indispensable conocer cuántas de esas detenciones han derivado en sentencias condenatorias por actividades ilícitas propias del crimen organizado.
Debido a ello, el Conadeh recomienda a la Secretaría de Seguridad, promover medidas integrales y sostenibles que brinden una solución duradera a las problemáticas estructurales que generan las distintas manifestaciones de violencia, incorporando un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género en su diseño e implementación.
Tras la ampliación del estado de excepción, las autoridades de seguridad, consideran que “Honduras bajará incidencia delictiva”, pues el periodo que inició el 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre, debido a que la medida está centrada en fortalecer las acciones de la Policía Nacional para contrarrestar el crimen organizado.
“La justificación de la prórroga se basa en los excelentes resultados de las operaciones ejecutadas por la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional. Según el análisis estadístico policial citado en el decreto, estas acciones han sido fundamentales para identificar y operar en municipios de alta incidencia delictiva, como el Distrito Central y San Pedro Sula, entre un total de 226 municipios listados”, dijeron las autoridades gubernamentales.
Destacan que la estrategia policial ha permitido alcanzar una reducción de 12.5 puntos en la tasa anual de homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, se reporta que, como producto de dichos operativos durante el 2025, un total de 62 municipios en el país han logrado mantener una incidencia de cero homicidios.
Entre las cifras detalladas atribuidas a los operativos, se da a conocer la afectación a más de 51 bandas criminales. Las acciones policiales y otras fuerzas de seguridad han resultado en 7,136 detenciones por extorsión y delitos conexos, 84,873 detenciones en total por diversos delitos, y la ejecución de 23,748 órdenes de captura que estaban pendientes.
En el ámbito logístico y de combate al narcotráfico, los operativos policiales han permitido el decomiso de 22,044 armas de fuego, 16,670 vehículos y 102,115 motocicletas. Asimismo, se reporta la incautación de 13,495 kilos de cocaína, 775 kilogramos de fentanilo y la desarticulación de 33 narcolaboratorios.
