Congreso de Luis Redondo fue de los más corruptos del mundo, según WJP
El Congreso Nacional de Honduras en los último cuatro años bajo la titularidad de Luis Redondo figuró entre los más corruptos de América Latina y el mundo
- Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 20:30
Tegucigalpa, Honduras.- En 2022, con la transición del nuevo gobierno, el exdesignado presidencial Salvador Nasralla confió que Luis Redondo sería la persona idónea para liderar un Congreso Nacional que rompería las viejas prácticas de corrupción e impunidad.
Sin embargo, Redondo no solo traicionó a su excompañero político al romper su línea y obedecer al oficialismo de Libertad y Refundación (Libre), sino también a la ciudadanía que creyó en su postura de ser "anticorrupción" desde que inició su carrera como diputado en 2014.
Bajo su dirección en cuatro años, el parlamento hondureño se posicionó entre los más corruptos del mundo, de acuerdo a la evaluación de World Justice Project (WJP) a la que accedió EL HERALDO Plus.
Esta organización anualmente hace una medición del Estado de derecho en más de cien naciones en ocho categorías: Restricciones a los Poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Normativo, Justicia Civil y Justicia Penal.
Este rotativo tomó de referencia el indicador "Ausencia de Corrupción", el cual evalúa a los funcionarios del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Policía y Ejército para conocer si estos abusan de sus cargos o si se apegan a la ley.
"Consideramos tres formas de corrupción: el soborno, la influencia indebida de intereses públicos o privados, y la malversación de fondos públicos u otros recursos", explica WJP en su metodología.
Específicamente, en la subcategoría del Poder Legislativo, Honduras ha tenido las peores calificaciones bajo las legislaturas de Redondo.
En 2022, Honduras quedó en el puesto 131 de 140 países evaluados, mientras que en 2023 en la posición 132 de 142.
En los siguientes años no varió la baja calificación: en 2024 bajó a la posición 133 de 142 y el año pasado se ubicó en el puesto 136 de 143, con un índice de 0.09.
Si la calificación está más cerca del número 0, significa que tiene más problemas de corrupción, mientras que aquellos países con un índice cercano al número 1 muestran menor gravedad sobre este problema.
En 2025, el Congreso Nacional de Honduras apenas quedó por encima de Guatemala (137), Kenya (138), Ucrania (139), República Democrática del Congo (140), El Salvador (141), Brasil (142) y Haití (143).
En ese sentido, Honduras es el quinto país de América con el Poder Legislativo más corrupto.
A nivel de Centroamérica es el tercer peor evaluado, únicamente por detrás de Guatemala y El Salvador, siendo a la vez superado por Panamá, Nicaragua, Belice y Costa Rica.
Al hacer una comparación entre los tres poderes del Estado, el Legislativo tiene el peor puntaje en estos cuatro años, siendo inferior al promedio de la región, el cual es de un índice de 0.26.
En el último año de evaluación de WJP, el Poder Ejecutivo hondureño tuvo un índice de 0.33, mientras que el Poder Judicial 0.37. Esta tendencia no solo es de 2025, sino también de los años anteriores de la titularidad de Luis Redondo.
Cadena de abusos
La cámara legislativa ha estado bajo la mira pública en estos cuatro años por su improductividad, conflictividad ante la falta de consensos, opacidad en el manejo de fondos públicos, repartición a diestra y siniestra de subvenciones y la aprobación de polémicas leyes como la Ley de Amnistía Política.
Redondo ha sido denunciado ante el Ministerio Público (MP) por distintas causas. En agosto de 2023 fue denunciado por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ya que se envió a publicar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin que el acta fuera ratificada por mayoría de diputados.
En noviembre de 2024, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo denunció por administración desleal por la otorgación de subvenciones, subsidios y ayudas sociales que ascienden a más de 314 millones de lempiras.
En febrero de 2025, fue denunciado por abuso de autoridad al suspender abruptamente la sesión legislativa cuando 73 diputados se disponían a presentar una moción para mantener la continuidad del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos.
A criterio del abogado constitucionalista y analista político, Juan Carlos Barrientos, "la gestión de Redondo es la más mala que ha habido en toda la historia legislativa de Honduras. Ha sido el peor Congreso".
Barrientos indicó que la gestión de Redondo comenzó sin legitimidad al ser juramentado sin la mayoría simple de 65 votos como dicta la ley.
Entre otras acciones cuestionables, en el período legislativo de Redondo se registró la aprobación de la Ley de Amnistía Política, el nombramiento sin requisitos del Procurador General de la República y una voluminosa mora legislativa al no convocar a sesiones "porque no tiene los votos para aprobar la agenda legislativa", reprochó el experto.
A su vez, recordó el rosario de promesas vacías, como la reforma al Código Penal, y la cuestionable instalación de la Comisión Permanente en dos ocasiones.
Exceso de poder
El diputado liberal Carlos Umaña calificó como "nefasta" la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al darle demasiado poder a quien ejerza la presidencia".
"La Ley Orgánica es aplastante, es demasiado presidencialista", criticó.
Umaña, a su vez, agregó que en el Congreso existe un enorme poder económico manejado a través de subsidios y subvenciones.
"Cuando el que llega a gobernar el Congreso se da cuenta del dinero que se maneja ahí —como el Fondo Departamental y el Fondo de Administración Solidaria—, no quiere hacer los cambios. Entonces debe de llegar alguien que quiera hacer esos cambios", expresó.
Barrientos afirmó que la culpa recae enormemente en el presidente de este poder estatal al tener muchas potestades, como convocar a sesión, definir la agenda, dar o no la palabra a los congresistas, entre otras atribuciones. En ese sentido, enfatizó que "el único culpable de cualquier acto de corrupción evidentemente es el presidente".
Para Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Congreso Nacional no solo destaca por la corrupción, sino por la falta de efectividad en sus labores, recalcando que existe una responsabilidad entre los 256 diputados (128 propietarios y 128 suplentes), indistintamente del partido político al que pertenezcan.
Acevedo señaló que la principal mala práctica del Congreso radica en que los diputados piensan más en intereses particulares y no colectivos o en favor de la sociedad.
Comentó que no participar no simplemente es ausentismo, sino una decisión al no tener actividad ni incorporarse en la discusión de temas torales, como la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Retos para el próximo Congreso
El diputado Umaña apuntó que tanto él como el resto de diputados que integrarán el Congreso Nacional para el período 2026-2030 deben priorizar erradicar la corrupción.
Para ello, urge que se reforme la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo y derogar el decreto 117-2019, el cual blinda a los legisladores de ser sancionados y responsabilizados penalmente. Este artículo forma parte de los llamados "pactos de inmunidad".
A la vez, considera necesario eliminar la figura del antejuicio y establecer que a los diputados se les pague conforme a su trabajo y asistencia, evitando así que sigan gozando de sus sueldos aunque el Congreso esté paralizado.
Barrientos y Acevedo coinciden en que los congresistas únicamente deben legislar y no manejar dinero público en concepto de subsidios y subvenciones, recursos que terminan siendo utilizados para proselitismo o clientelismo político.
Acevedo admite que la corrupción data desde hace muchos años atrás, pero aún así los próximos "padres de la patria" deben actuar con responsabilidad y "despojarse del sectarismo, del color, del interés político o de grupo de poder para hacer un trabajo que realmente represente los intereses de la sociedad".
Barrientos instó a los nuevos congresistas a apegarse a la ley y dedicarse a legislar, llamándolos a que reflexión con los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre, que castigaron a varios legisladores que no lograron la reelección.
"Un montón de gente no repitió (no salió reelecta) porque no hacen absolutamente nada por el pueblo, porque no legislan, porque no van a sesiones, porque están involucrados en actos de corrupción. Si ustedes quieren volver a salir otra vez o tener una carrera, tienen que hacer exactamente lo contrario: legislar", manifestó.
