Tegucigalpa, Honduras.— La crisis en el Congreso Nacional se profundiza, entre la directiva legislativa, encabezada por Luis Redondo, y las bancadas de oposición, que aseguran haber ampliado legalmente el período de sesiones hasta el 20 de enero de 2026.
La disputa se genera a raíz de una nueva comisión permanente, figura que, según el oficialismo, garantizaría la continuidad del trabajo legislativo, pero que la oposición califica como ilegal e inconstitucional.
El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, advirtió que si Redondo decide integrar esa comisión, tanto él como los diputados que la conformen “deberán responder ante la justicia nacional e internacional por socavar la democracia”.
“Nosotros nos autoconvocamos con base en el artículo 190 de la Constitución, que permite que, si no se convoca al pleno, la mitad más uno de los diputados pueda reunirse y ampliar el período ordinario. Así lo hicimos, y las sesiones quedan extendidas hasta el 20 de enero de 2026”, explicó Lara.
El legislador señaló que el objetivo del presidente del Congreso era llegar al 31 de octubre sin sesionar para luego nombrar una comisión permanente afín al oficialismo.
“Con la ampliación aprobada, cualquier intento de instalarla sería totalmente ilegal”, recalcó.
Lara sostuvo, además, que es “insólito que alguien que está usurpando un poder del Estado, impuesto a golpes y sin legitimidad, acuse de ilegalidad a los diputados que actuamos conforme a los artículos 190 y 191 de la Constitución”.
Añadió que quienes acepten integrar una comisión de ese tipo “enfrentarán la justicia nacional e internacional por atentar contra la democracia”.
El congresista del departamento de Cortés afirmó que Luis Redondo carece de autoridad moral y legal para hablar de ilegalidades. “Él no es la ley; nosotros actuamos conforme a la Constitución”, subrayó.
El diputado liberal también advirtió que el presidente del Legislativo “está corriendo un enorme riesgo político”, pues los electores de su departamento “no lo reelegirán por haber traicionado los principios que antes defendía”.
“El que ha usurpado un poder del Estado es Luis Redondo, porque fue elegido con solo 44 votos, y eso es un delito que no prescribe”, manifestó.
Consultado sobre posibles requerimientos fiscales contra la oposición, respondió: “Que se venga lo que se venga. Él sabe que no solo enfrentará la justicia hondureña, sino también la internacional, porque está socavando la democracia del país”.
El conflicto se sustenta en los artículos 189, 190 y 191 de la Constitución hondureña, que regulan los períodos ordinarios del Congreso Nacional y las condiciones para su prórroga.
El artículo 189 establece que las sesiones ordinarias se desarrollan entre el 25 de enero y el 31 de octubre. El 190 faculta al pleno, o a la mayoría de los diputados mediante autoconvocatoria, a ampliar el período ordinario, mientras que el 191 regula la convocatoria a sesiones extraordinarias.
La sesión extraordinaria del pasado 29 de octubre, organizada por la oposición, aprobó la ampliación del período hasta el 20 de enero de 2026, con el respaldo de al menos 70 diputados. Esta decisión, aseguran, invalida cualquier intento de Redondo de instalar la comisión permanente.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, advirtió que si el Congreso concreta la creación de lacomisión pese a la ampliación aprobada, el país podría entrar en una nueva crisis política.
“Estamos presenciando el inicio de una conflictividad institucional. Mañana (hoy) podríamos amanecer con una comisión permanente publicada en La Gaceta, asumiendo funciones que solo competen al pleno. Lo veo totalmente innecesario”, expresó.
Desde el oficialismo, el presidente del Congreso, Luis Redondo, defendió en cadena nacional que actuará “dentro del marco constitucional” y que la comisión permanente es una figura legalmente prevista para el receso legislativo.
“Cualquier dicho de los diputados opositores constituye una falacia”, afirmó, en alusión a las denuncias de que pretende mantener el control político durante el periodo electoral.
Por su parte, el jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, sostuvo que, de instalarse la comisión, su función será únicamente legislativa y no electoral.
Sin embargo, reconoció que la falta de consenso entre las bancadas dificulta la convocatoria de nuevas sesiones para formalizar la prórroga.
“Si no se convoca al Congreso para ampliar las sesiones, la Constitución establece que la comisión permanente debe asumir funciones y convocar a sesiones extraordinarias”, explicó.
El analista político Fernando González calificó de “vergonzoso” que se pretenda instaurar una comisión permanente en medio del proceso electoral.
“Si el presidente del Congreso lo hace, provocará una crisis que impactará directamente en la confianza ciudadana. Había entre 15 y 16 proyectos que contaban con apoyo bipartidista y podrían quedar paralizados”, advirtió.
Añadió que, con las elecciones generales a 30 días, la falta de acuerdos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) agrava la incertidumbre.
“Si no hay unanimidad, ¿quién tendrá la voz cantante para declarar una victoria? El Congreso Nacional. Y un Congreso por la línea de quién... esa es la pregunta”, cuestionó.
La abogada constitucionalista, Ana Pineda, coincidió en que el accionar de Redondo podría violar la Carta Magna.
“Toda persona que actúe fuera de lo establecido incurre en responsabilidad o comete delito. Aquí habrá un pugilato político, y el grupo con más fuerza será el que prevalezca”, advirtió.
La diputada liberal Maribel Espinoza exhortó al titular del Congreso a convocar al pleno “si realmente respeta la ley”.
“Si intenta imponer la comisión, el pleno seguirá sesionando, porque esta es una lucha por la democracia”, afirmó.
El artículo 207 de la Constitución establece que el Congreso debe designar nueve miembros propietarios y sus suplentes para integrar la comisión Permanente durante el receso legislativo.
Además, indica que este órgano tiene la potestad de convocar sesiones extraordinarias y de elegir interinamente funcionarios en caso de vacantes absolutas, incluso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La oposición teme que, si el presidente Redondo no convoca al pleno, la comisión quede conformada únicamente por diputados del partido oficialista Libre, lo que podría alterar el equilibrio político y generar una crisis institucional en la antesala del proceso electoral.
