Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional enfrenta un nuevo punto de tensión política ante la falta de convocatoria del presidente Luis Redondo para prolongar el período de sesiones ordinarias que concluye el 31 de octubre.
La parálisis legislativa, que ya supera los dos meses, mantiene bloqueadas decisiones clave y exponen al Legislativo a distintos escenarios contemplados por la Constitución de la República.
El conflicto surge tras la falta de apoyo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) a la iniciativa de Redondo para aprobar nuevos préstamos y demás normativas.
Según los opositores, las propuestas carecen de justificación y podrían destinarse a financiar campañas políticas del partido Libertad y Refundación (Libre).
Redondo, por su parte, ha sostenido que no convocará al pleno hasta lograr consensos, por lo que continúa en reuniones con los jefes de bancada sin que se vislumbre un acuerdo.
Sin embargo, la Constitución prevé mecanismos que podrían activarse antes o después del 31 de octubre: la autoconvocatoria de los diputados opositores o el nombramiento de una Comisión Permanente.
A continuación, EH Verifica lo explica:
Comisión Permanente: el poder durante el receso
La Constitución de la República, en su artículo 207, establece que al finalizar una legislatura —como ocurre el 31 de octubre— puede nombrarse una Comisión Permanente integrada por nueve diputados propietarios y sus suplentes. Este órgano asume únicamente funciones administrativas mientras el Congreso está en receso.
El artículo 208 de la Constitución detalla las atribuciones del Congreso Nacional, entre ellas una que ha generado debate: “elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.
El artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que la Comisión Permanente debe reunirse tres días después de la última sesión del pleno, y que sus decisiones se adoptan por mayoría simple.
Aunque esta normativa no le otorga facultades para aprobar leyes, diputados de oposición advierten que el oficialismo podría utilizar este órgano como vía alterna para impulsar decisiones sin la aprobación del pleno.
“¿Quién está con una parálisis de dos meses en el Congreso? Luis Redondo. ¿Y a qué partido pertenece? A Libre. Ellos tienen sus estrategias, pero no son para beneficiar al pueblo”, cuestionó la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, en el foro Hablemos con Hechos.
La autoconvocatoria: la opción opositora
Frente a la posibilidad de que se instale la Comisión Permanente, diputados de oposición evalúan autoconvocarse antes del cierre del periodo de sesiones.
El artículo 191 de la Constitución faculta a un mínimo de cinco legisladores para convocar de forma extraordinaria al Congreso Nacional cuando otras autoridades o causas de fuerza mayor impidan su funcionamiento.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, anunció que la oposición utilizará este mecanismo para extender las sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026.
“Nos autoconvocamos porque Libre está dilatando el periodo para que venza el tiempo y entre en funciones la Comisión Permanente”, declaró Zambrano.
A través de redes sociales, el dirigente nacionalista adelantó que la reunión se realizará en el hemiciclo legislativo y tendrá un único punto en agenda: habilitar el periodo de sesiones hasta inicios del próximo año.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, denunció en el foro Frente a Frente que la parálisis legislativa obedece a un esquema de debilitamiento del Congreso Nacional, promovido por la administración de la presidenta Xiomara Castro.
“No nos convocan a sesiones ordinarias como parte de una estrategia para mantener en crisis al Congreso, al igual que al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. Esta situación es crítica y no tiene justificación lógica”, afirmó la congresista.
Su señalamiento cobra relevancia ante los empates registrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que han retrasado el cronograma electoral debido a las discrepancias de los representantes del oficialismo en ambas instituciones.
La historia podría repetirse
El Congreso Nacional ya enfrentó una situación similar el 31 de octubre de 2023, cuando se celebraron dos sesiones paralelas: una convocada por diputados de oposición y otra dirigida por la junta directiva presidida por Luis Redondo.
Esta última concluyó con la conformación de una Comisión Permanente, integrada, entre otros, por el entonces diputado Carlos Zelaya, conocido por su vinculación con un video en el que aparece pactando apoyo financiero con presuntos capos del narcotráfico.
Los decretos aprobados por la oposición no fueron publicados en el diario oficial La Gaceta, mientras que los emitidos por Redondo sí, lo que les otorgó validez legal.
Esa misma Comisión designó de forma interina a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto, quienes meses después fueron confirmados oficialmente tras nuevos acuerdos políticos.
En conclusión, si el Congreso no logra reunirse antes del 31 de octubre, el país podría enfrentar una nueva crisis institucional, dicen los analistas consultados por EH Verifica.
Las alternativas son claras: o los diputados se autoconvocan para extender el periodo de sesiones, o el control del Poder Legislativo pasará, aunque sea de forma temporal, a una Comisión Permanente dominada por el oficialismo.
