¿Quiénes son los 17 diputados de FM que pidieron L261 millones para ayuda social?
15 congresistas de oficialistas y 2 liberales gestionaron L 261 millones en fondos sociales de tres instituciones, la mayoría de la Secretaría de Gobernación y Sedesol
- 05 de julio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- El argumento de asistencia social permitió que 17 diputados del departamento de Francisco Morazán pidieran más de 261 millones de lempiras del Estado.
En papel, se trata de fondos gestionados para apoyar a los más necesitados. En la práctica, un esquema que funciona como un canal sin control para acceder a cantidades millonarias de recursos públicos, repartidos entre actores políticos afines, como ocurrió con la diputada Isis Cuéllar en el departamento de Copán.
Según un análisis elaborado por EL HERALDO Plus, partiendo de los listados compartidos por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, entre 2023 y 2024, unos 17 legisladores, entre propietarios y suplentes —15 del partido Libertad y Refundación (Libre) y 2 del Partido Liberal— gestionaron fondos provenientes de tres instituciones.
La primera fue la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), siendo la que más fondos desembolsó con 142.8 millones de lempiras.
Seguido de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con L81.6 millones y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que entregó 36.3 millones de lempiras a los congresistas.
Los datos evidencian que, lejos de ser una práctica aislada, esta fue una operación sistemática, estructurada y concentrada en manos de un grupo político que domina el Congreso Nacional (CN): el partido Libre.
Entre los diputados propietarios beneficiados está Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional y figura clave de Libre, quien gestionó 29 millones de lempiras a través del FHIS y Sedesol.
Lo sigue Rasel Tomé, también de Libre, con 27.2 millones de lempiras, y Kritza Jerlin Pérez Gallegos, con 24.6 millones de lempiras.
A ellos se suman el sindicalista y congresista Juan Barahona, con 18.4 millones, y Jari Dixon Herrera Hernández, con más de 15.8 millones.
Todos estos nombres tienen un perfil político visible, algunos con cargos dentro de comisiones legislativas o presencia mediática constante.
Suplentes
El caso más llamativo, sin embargo, no corresponde a un diputado propietario, sino al suplente Grimaldi Josué Paz Sosa, también de Libre, quien gestionó 29.6 millones de lempiras, todos provenientes de la Secretaría de Gobernación.
Su nombre no suele figurar en la escena pública ni en debates legislativos, lo que hace aún más sorprendente que haya superado en montos a cualquier titular del Congreso, incluidos Pino y Tomé.
En el otro extremo del espectro partidario aparecen dos diputados liberales: Jorge Luis Cálix Espinal (fue expulsado de Libre en junio de 2024), quien pidió 6.5 millones de lempiras también a través de Gobernación.
A Cálix se suma la diputada Karla Melissa Euceda, suplente del Partido Liberal, quien logró gestionar 13.4 millones de lempiras.
El análisis de EL HERALDO Plus indica que los suplentes gestionaron montos comparables o incluso superiores a los propietarios.
Entre los suplentes que accedieron a sumas importantes figuran Brayan Alonso Rubí Acosta, Rommel Darío Morán Espinal y José Oved López Rodríguez, cada uno con montos que oscilan entre los 11 y 13 millones de lempiras.
También destacan Fanny María Gewawer Moreno, con 6.5 millones, y Hermann Miguel Mejía Aguilar, con 8.9 millones.
Estas cifras sugieren que la intermediación política para gestionar fondos no está determinada por la jerarquía legislativa, sino por las conexiones institucionales o partidarias que cada figura logre establecer. Aunque el presidente del Congreso, Luis Redondo, defendió que se debe a las solicitudes que los pobladores de cada departamento realizan.
El desglose institucional de los fondos revela que Gobernación fue utilizada por 13 diputados para pedir ayudas sociales o apoyo a emprendedurismo, mientras que Sedesol fue la fuente para al menos 10 y el FHIS solo fue usado por 4 parlamentarios de Francisco Morazán.
Aunque la ley permite que los diputados gestionen fondos para proyectos en sus comunidades, la ausencia de mecanismos de control, la falta de transparencia y la concentración partidaria en la distribución de recursos representan un riesgo para la integridad del sistema democrático y presupuestario del país, denunciaron diversos sectores.
El viernes, la diputada Hortensia "Pichu" Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro, anunció que el gobierno tomó la decisión de suspender de forma momentánea estas ayudas sociales.
“Cancelación inmediata del fondo social aprobado por el Congreso Nacional; durante el tiempo que dure la investigación de los supuestos actos de corrupción denunciados y trascendidos públicamente las instituciones no deben aprobar más proyectos”, indicó Zelaya.
La congresista añadió que desde Casa Presidencial se emitió la “cancelación mediante decreto ejecutivo del uso de más proyectos del fondo social del Congreso Nacional y exigir la intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas, del Ministerio Público y de todas las secretarías del Estado que tramitan la ejecución de los fondos".
Las determinaciones de la gestión de Castro surgieron luego de que se destapara el escándalo entre el extitular de Sedesol, José Carlos Cardona, tras el caso de corrupción, en el que también se involucra a la diputada por el departamento de Copán, Isis Cuellar.
Actividades que pudieron ser comprobadas por EL HERALDO Plus mediante investigaciones de campo, donde en el Distrito Central se colocaron falsos emprendedores, y también mediante el análisis de documentos.
Los trabajos de este rotativo concluyeron que en la capital el dinero de las ayudas fue a parar en manos de altos funcionarios y de personas con falsos locales o necesidades.
