Se acrecientan las discrepancias entre sectores interesados respecto a la cantidad de productos y al porcentaje del Impuesto sobre Ventas (ISV) que se le aplicará a los alimentos vía reforma legislativa, a desarrollarse en los próximos días.
El presidente de la Comisión Especial de las Exoneraciones, Exenciones y Dispensas Aduaneras, Ramiro Lobo, dijo que la lista definitiva de alimentos integrados en una canasta básica podría ascender hasta 80 productos.
Los integrantes de esta comisión, continuó, discutirán este listado el martes próximo con los técnicos de Finanzas, luego presentarán el informe definitivo al presidente Porfirio Lobo, para que se proceda a reformar el Impuesto sobre Ventas (ISV).
Ramiro Lobo recalcó que se le aplicará un 12% de Impuesto sobre Ventas a los alimentos importados para favorecer a los productores locales de quesos, agua purificada y de carnes. Dejó claro que a todos los productos comestibles gourmet -de lujo- se les impondrá este nuevo tributo porque es injusto que las clases más pudientes del país los consuman a costa de un sacrificio fiscal.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el fisco deja de captar unos 13,000 millones de lempiras al año por dejar de cobrar el ISV y de manera acentuada, entre 2,000 y 3,000 millones por concepto de exoneraciones a los alimentos.
Las discrepancias
Incluso el sector privado dejó claro, en el marco de una conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones del Cohep, que existen posiciones encontradas respecto a la imposición de un nuevo tributo y la cantidad de alimentos que deben estar exonerados.
Por su parte, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores, es del parecer que este listado debe oscilar entre 30 y 45 productos.
En cambio el empresario Benjamín Bográn demandó que el Congreso Nacional y el gobierno se abstengan de imponer nuevos tributos en contra de la clase media del país. En otro lugar, representantes de organizaciones defensoras del consumidor piden al gobierno la protección exclusiva de las clases menos favorecidas del país.
Economistas independientes estiman que una vez que se apruebe un impuesto a la comida, luego, se replicará al precio de las medicinas y se generalizará en la facturación eléctrica.
