El Congreso Nacional aprobó finalmente las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito, sin haber cumplido el compromiso del titular de ese poder del Estado, Juan Orlando Hernández, de bajar los leoninos intereses.
El clamor de miles de personas consultadas por el Legislativo era que se bajaran los altos intereses, pero lo único logrado en esta reforma fue eliminar el cobro de intereses sobre intereses, o sea que el usuario ahora solo pagará sobre el saldo pendiente de pago y no por la totalidad del crédito original como cobran las emisoras.
La presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Vilma Morales, aseguró que regular los intereses choca con tratados de libre comercio firmados por Honduras en los que se garantiza la libre competencia.
El presidente del Congreso Nacional hizo ayer un llamado a los emisores de tarjetas que ya pueden aplicar las medidas aprobadas, independiente que no se hayan publicado el decreto en el Diario La Gaceta.
Las reformas
Fueron reformados, con la dispensa del segundo debate, los Artículos 2, 4, 5, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 49, 50, 54 y 59 de la Ley de Tarjetas de Crédito, contenida en el Decreto 106-2006 del 20 de septiembre de 2006.
Entre los cambios relevantes está la prohibición que los emisores cobren intereses sobre intereses, orillándoles a ser más flexibles en algunas disposiciones establecidas en el contrato que firmen los tarjetahabientes.
Durante el debate se citó el ejemplo que si un usuario tiene que pagar 10,000 lempiras de contado y paga 7,000, le queda un saldo de 3,000 lempiras. Al siguiente mes, ya no le cobrarán intereses sobre los 10,000 lempiras, como sucede en la actualidad, sino sobre el saldo de 3,000 lempiras.
Para contrarrestar las altas tasas de intereses por medio de la competencia, los diputados aprobaron varios artículos que permitirán a las cooperativas entrar en el negocio, y como estas son instituciones sin fines de lucro, se intuye que prestarán a tasas más bajas.
Otro aspecto relevante es que con las reformas se permitirá la consolidación de deudas, aunque el tarjetahabiente esté en la central de riesgo.
En la reforma queda claro que el costo de los seguros contra fraudes estará a cuenta del emisor, porque es un riesgo que ellos corren al emitir un instrumento electrónico. La compra de seguros por robo y extravío será voluntaria.
En el caso de que un usuario sea víctima de robo o extravío del plástico, tiene un plazo hasta 48 horas después de la pérdida de la tarjeta para que le aplique el seguro.
Si el tarjetahabiente no tiene esos seguros deberá pagar lo que derive el robo de su tarjeta. Con los cambios a la ley, igualmente se prohíbe a las instituciones a que impongan a los tarjetahabientes y a sus garantes la obligación de suscribir documentos donde no se especifique el monto líquido de la obligación real.
