Tegucigalpa, Honduras. -El Gobierno de Honduras autorizó la importación de 4,600 toneladas métricas de frijol rojo con un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) de 0 % hasta el 31 de diciembre de 2026.
La medida fue aprobada mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 002-2026, emitido por la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE) y publicado en el diario oficial La Gaceta.
El contingente permitirá importar frijol clasificado bajo los incisos arancelarios 0713.32.00.00 y 0713.33.40.00 del Arancel Centroamericano de Importación, procedente de cualquier país y libre del pago del arancel de importación.
Según el acuerdo, el objetivo es garantizar el abastecimiento del mercado nacional y contribuir a estabilizar los precios del grano, uno de los principales productos de la canasta básica.
El Poder Ejecutivo atribuye la decisión al incremento registrado en el precio del frijol y a la posibilidad de una reducción de la producción nacional por los efectos de los fenómenos climáticos sobre zonas productoras del Corredor Seco y los departamentos de Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz y parte de Comayagua.
Sin embargo, el documento no detalla cuál es el déficit proyectado de producción ni explica el criterio técnico utilizado para determinar un contingente de exactamente 4,600 toneladas métricas.
La crisis del IHMA
La apertura del contingente ocurre mientras el Gobierno enfrenta una investigación por el deterioro de las reservas estratégicas de granos almacenadas por el IHMA.
Las primeras denuncias se centraron en 44,000 quintales de frijol rojo, pero posteriormente productores agrícolas y auditorías de campo ampliaron la alerta al señalar presuntas pérdidas de otros productos almacenados por el Estado.
Entre ellas figura un estimado de 70,000 quintales de maíz blanco almacenados en la regional de Danlí, El Paraíso, que habrían resultado afectados por infestación de gorgojos debido a problemas de almacenamiento. Productores también denunciaron el deterioro de fertilizantes estatales que permanecían en las mismas instalaciones.
De acuerdo con esas denuncias, el perjuicio económico preliminar superaría los 100 millones de lempiras, aunque estas cifras forman parte de las investigaciones que desarrollan los órganos competentes y aún no han sido determinadas de forma definitiva por las autoridades judiciales.
Reserva estratégica
El lote de frijol bajo investigación fue importado desde Nicaragua en 2023 para integrar la reserva estratégica del Estado destinada a responder a eventuales contingencias climáticas y contribuir a estabilizar el mercado interno.
Según la información conocida hasta ahora, el inventario permaneció almacenado durante casi tres años sin ser distribuido mediante los mecanismos habituales de comercialización, entre ellos la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Ese hecho es uno de los principales aspectos que investigan los organismos de control, debido a que la función de una reserva estratégica consiste precisamente en intervenir cuando existe riesgo de desabastecimiento o incrementos extraordinarios de precios.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrollan investigaciones para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales por el manejo de las reservas estratégicas del IHMA.
Entre los aspectos que deberán esclarecerse figura quiénes autorizaron —o dejaron de autorizar— la salida del grano almacenado, así como el destino que tendrá el producto remanente, cuya utilización para fines agroindustriales o alimentación animal también ha sido planteada durante el proceso.
Supervisión del contingente
El Acuerdo Ejecutivo 002-2026 también instruye a la Administración Aduanera de Honduras presentar informes mensuales sobre la utilización del contingente al Presidente de la República, la SAG y la OPCE.
Asimismo, ordena que la SAG, la OPCE y la Administración Aduanera realicen una auditoría sobre el uso del beneficio arancelario durante marzo de 2027 y remitan sus resultados al Poder Ejecutivo a más tardar en abril de ese año.
La disposición entró en vigor con su publicación en el diario oficial La Gaceta.
