Es cuestión de tiempo para que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el gobierno vuelvan a encontrarse en los tribunales de justicia para dirimir la inconstitucionalidad de una ley.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, informó que el sector privado posee un análisis jurídico donde se evidencia que la Ley Antievasión violenta las leyes locales y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA).
“Creemos que esta ley será de nuevo impugnada por el Cohep, porque ellos poseen toda la base legal para hacerlo. La Andi también podrá impugnarla u otra organización empresarial”.
Según Facussé, la decisión está tomada y el Cohep espera la publicación de esta ley en el diario oficial La Gaceta.
Primeros pasos
La presidenta del Cohep, Aline Flores, convocó de urgencia a sus directores para analizar este y otros temas de interés nacional.
La presidenta de la cúpula empresarial, informó en el marco de una conferencia de prensa, que ya inició un proceso de análisis jurídico respecto al impacto que tendrá la aplicación de un 1% a los ingresos brutos de las empresas. Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por EL HERALDO han expresado que será necesario ir un paso adelante y se deberá convocar a una asamblea extraordinaria para que sean los presidentes de las 67 organizaciones quienes determinen el rumbo a seguir.
Cuando se le consultó a Flores al respecto, dijo es prematuro hablar interponer nuevas acciones jurídicas en contra de esta ley, porque esperan conocerla de manera oficial.
Sin embargo, entre las organizaciones miembros circuló desde el martes de la presente semana la posición oficial de los empresarios frente al gobierno y al Congreso Nacional. Para el Cohep, la aprobación de la referida normativa es confiscatoria, inconstitucional y violenta el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero de 2012.
En el texto se reitera que esta reforma es inaceptable por parte del sector privado. A criterio de los empresarios consultados, estos elementos serán la base del debate interno y de las acciones a tomarse en los próximos días.
Un pacto
Flores opinó que mediante la aprobación de esta normativa se justifica la ineficiencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para cobrar los tributos y efectuar auditorías a las grandes empresas.
El número estimado de grandes contribuyentes asciende a 621. Según datos oficiales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), los grandes contribuyentes representan el 87% de la recaudación total. Al cierre del 2011, el Banco Central de Honduras (BCH) señaló que la recaudación total fue de 49,524.1 millones de lempiras, de los cuales los grandes contribuyentes aportaron un total de 43,085.9 millones.
Fue del parecer que el Congreso Nacional también debió aprobar las reformas a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de Vedurías para que los contribuyentes conozcan de manera transparente cómo se utilizan los recursos.
La presidenta del Cohep propuso un pacto fiscal para ordenar el rosario de leyes tributarias anteriores y las aprobadas durante el presente gobierno.
Seguridad
Flores demandó del gobierno efectuar un uso eficiente de los recursos provenientes de la tasa de seguridad poblacional. La funcionaria reaccionó porque la Secretaría de Finanzas declaró fracasada la licitación para elegir a la entidad financiera que administrará el fideicomiso de seguridad poblacional.
De manera preliminar se ha expresado que las entidades financieras captan alrededor de unos ocho millones de lempiras diarios por concepto de aplicación de la Ley de Seguridad Poblacional.
“Nos preocupa que por andar a las carreras se efectúe una licitación que carezca de buenas bases y sin proveedores que tengan el respaldo, la trayectoria y la experiencia en los temas que se deben abordar”, expresó.
“Sé -continuó- que estos fondos se están acumulando y desconozco el monto exacto de ellos. Lo importante es que se efectúen las inversiones necesarias porque el pueblo pide resultados”, dijo.
Fue del parecer que en el manejo del fideicomiso de seguridad se involucren la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), el Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), así como de la Secretaría de Finanzas.
