La falta de deducción de responsabilidades a funcionarios públicos que sin explicación generaron una deuda flotante estimada en 12,000 millones de lempiras, es considerada por la sociedad civil como un evidente caso de impunidad fiscal. Esta es una de las principales conclusiones a las cuales llegó el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) en su libro “Impunidad, el verdadero problema presupuestario en Honduras”, que comenzó a circular ayer.
El Fosdeh cuestiona el uso que hacen los funcionarios de los recursos públicos que les son confiados, la constante aprobación de leyes y decretos efectuados por conveniencia política electoral, pese a su inviabilidad económica, o a la adjudicación de proyectos motivados por intereses privados que van en contra de la sostenibilidad económica del país.
En el documento se denuncia el derroche desmedido de los recursos públicos en las últimas décadas, independientemente del color político del partido en el gobierno.
“Pareciera ser interminable y poco factible establecer una sola cifra que cuantifique el costo total del despilfarro. Esta sería una tarea difícil y hasta tenebrosa de calcular, por su tamaño y por los sentimientos de indignación y frustración que puede causar en la población”, lamentan los escritores de este estudio.
Sin embargo, sostiene el Fosdeh, pese a la gravedad del problema, hasta el momento, no hay ningún funcionario público en la cárcel, ni los recursos robados o dilapidados han sido devueltos a las arcas del Estado.
Los funcionarios, por su parte, conocen las leyes y reglamentos que rigen el accionar del presupuesto y son conscientes de las sanciones civiles, penales y administrativas a las que se exponen por el tipo de manejo que hagan de los recursos públicos, pero simplemente no les importa, por lo cual se provoca que las anormalidades presupuestarias en Honduras se conviertan en la “norma” de ejecución.
Pecados fiscales
El Fosdeh sostiene que los principales problemas e irregularidades que se cometen en contra del presupuesto es la violación del principio de unidad de caja o caja única ,con lo cual se favorece la creación y dispersión de cajas chicas o asignaciones especiales que se convierten, al final, en una fuente grande de gastos extrapresupuestarios.
Existe una sobreestimación de los ingresos fiscales a nivel de presupuesto que impide una asignación realista de los recursos y posteriormente influye en ampliaciones presupuestarias que tienen que ser atendidas a partir de los bonos de deuda pública. En otras palabras, se gasta más de lo que se tiene a costa de un sobreendeudamiento del país.
Se atenta en contra de la sostenibilidad del presupuesto al asignar cada vez más recursos al pago de la deuda pública. En 2011 representa el 16% del presupuesto y para el 2013 casi es de un 20%, en contraparte la inversión pública, en promedio, es de apenas un 10%.
Además se comprometen gastos fuera de recursos del presupuesto cuando lo legal es que todo gasto se realice, siempre y cuando el mismo esté contemplado en el presupuesto.
Existe, además, una debilidad manifiesta en las instancias de control interno y externo de las instituciones públicas y del gobierno en general. El funcionamiento adecuado de estas instancias y de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) imposibilitaría el gasto extrapresupuestario y otros abusos. Además se les podría deducir responsabilidades a los que han cometido abuso, así como aquellos que debieron prevenir o intervenir a fin de evitar los abusos presupuestarios.
Existe, además, un abuso de las modificaciones presupuestarias, al grado de establecerlas como regla (eran un máximo de 40 modificaciones por trimestre antes de 2012) y no como excepciones. También es inexistente una verdadera política presupuestaria a la cual debe sumarse el proceso de elaboración del presupuesto cada año.
El Fosdeh denuncia la utilización de los recursos y de las instituciones de gobierno como trampolín político.
