Nueva estructura
Los diputados que el miércoles anterior aprobaron la ampliación del contrato de concesión de los aeropuertos, junto al alza a las tarifas, intentaron ayer lavarse las manos al argumentar que el 'tarifazo' ya estaba negociado entre el Ejecutivo y la concesionaria.
Sin embargo, cuando se les interrogó ¿por qué no improbaron dicho contrato? varios de entrevistados no lograron dar respuestas congruentes.
De acuerdo a la Constitución de la República, los contratos firmados entre el Ejecutivo cuando su vigencia implica a un nuevo gobierno tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional.
Pero además, faculta exclusivamente al Congreso Nacional como la única entidad del Estado en aprobar impuestos y tasas.
En este caso, en efecto el Congreso no podía hacer modificaciones, pero los diputados sí podían improbar el proyecto remitido por el Ejecutivo o devolverlo a ese Poder del Estado para que ahí se hicieran los cambios correspondientes.
En la sesión del miércoles pasado no ocurrió ninguna de las dos cosas.
El vicepresidente del Legislativo, Marvin Ponce, alegó que el Congreso Nacional no negoció el contrato ni lo firmó. 'En el Legislativo recibimos el contrato del Ejecutivo, y ya estaba negociado y firmado por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi)', sostuvo en un comunicado emitido por el Congreso Nacional.
El vicepresidente del Legislativo, sin embargo, no explica del por qué entonces ese poder del Estado no lo improbó.
'Los diputados solo podíamos aprobarlo o improbarlo, pero no modificarlo, porque eso es potestad del Ejecutivo. Entendimos que ya el contrato venía con el visto bueno del presidente Lobo', se justificó Ponce en la nota periodística emitida por la oficina de Relaciones Públicas del Congreso Nacional.
Sobre el incremento de 30 a 60 dólares (de 570 a 1,400 lempiras) por cada persona que sale del país, el diputado nacionalista Miguel Ángel Gámez reiteró que 'nosotros no podemos modificar contratos enviados por el Ejecutivo', acotó.
Gámez tampoco pudo explicar el porqué no improbaron el contrato.
En los mismos términos se expresó el subjefe de la bancada nacionalista, Ricardo Díaz, que mostró su satisfacción porque el Presidente haya vetado el decreto y lo mande a revisión entre la concesionaria y el Ejecutivo.
Díaz también justificó que el contrato fue aprobado porque el mismo contrae la construcción del aeropuerto Palmerola, si se hubiese improbado, a estas alturas los diputados también estaríamos siendo condenados por impedir el desarrollo de Honduras al no haber permitido la construcción del aeropuerto.
Díaz aseguró que al momento de ser aprobado se hizo la sugerencia al Poder Ejecutivo que esa tarifa demandaba una revisión.
Por su lado, el diputado Óscar Nájera cuestionó que no haya existido en el Ejecutivo una revisión profunda del impacto económico que esa tarifa iba a provocar, pero 'nosotros, en el Congreso Nacional, sin problema alguno discutiremos el nuevo contrato', adelantó.
Error del Congreso
El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), Augusto Cruz Asensio, sostuvo que la ratificación del contrato con una tarifa en alza en un cien por ciento 'fue un error del Congreso Nacional'.
Lo más cuestionable -dijo Asensio- 'es que dicho contrato fue introducido a medianoche, después de que los diputados veníamos de una larga jornada de aprobación del presupuesto'.
Cruz Asensio criticó que el presidente del CN, Juan Orlando Hernández, violó el compromiso de que no se iban a aprobar decretos con grandes implicaciones económicas y en ese sentido lo que ocurrió fue una falta de respeto y una traición a los intereses del pueblo hondureño', lamentó.
Juan Orlando Hernández había prometido que no iba aprobar contratos a la velocidad del rayo.
En tanto, el jefe de la bancada del Partido Innovación y Unidad, Toribio Aguilera, cuestionó que ese decreto de ampliación pasó en el Congreso sin importar el 'tarifazo', con la complicidad entre liberales y nacionalistas.
Diferentes sectores sociales han cuestionado la decisión de la cámara legislativa de aprobar este contrato a matacaballos y sin dar explicaciones sobre las implicaciones financieras para la población hondureña.
