Casi siete millones de litros de aguardiente y licor compuesto consumidos en Honduras son fabricados en destilerías clandestinas que operan en los cuatro puntos cardinales del país.
Esa es la principal conclusión de investigaciones realizadas por agencias especializadas, quienes han venido realizando sendos estudios sobre una floreciente industria ilegal que cada día se expande sin que las oficinas gubernamentales puedan controlarlas.
EL HERALDO tuvo a la vista una serie de documentos preparados por expertos investigadores, quienes concluyen que es asombroso la proliferación de empresarios dedicados a esa actividad, ante la vista y paciencia de las autoridades locales y gubernamentales.
“Son pequeñas destilerías artesanales que han sido plenamente identificadas en garajes de casas, talleres y costosas viviendas”, declaró uno de los investigadores a este medio de comunicación, quien agregó que entre las personas involucradas hay propietarios de distribuidoras que comercializan marcas legales de empresas constituidas legalmente y personas particulares, las que son adulteradas para obtener mayores ganancias.
Los entrevistados dicen que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaría de Seguridad hicieron fuertes operativos en 2010 que terminaron con el desmantelamiento de tres fábricas clandestinas en Tegucigalpa y El Progreso, Yoro, las que tenían una capacidad instalada para procesar el 25% del consumo interno de licores compuestos y aguardientes.
“A partir del siguiente año -2011-, el gobierno no le dio continuidad al comercio ilegal de bebidas embriagantes, lo que permitió la instalación de más fábricas clandestinas en varias ciudades del país, dijo uno de los informantes.
Las oficinas públicas se preocuparon más por aumentar los impuestos a la industria formal, al aprobarse varias reformas en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 70-2010), que en definir una estrategia para combatir la producción ilegal de bebidas alcohólicas, que amenaza la salud de los consumidores y reduce las recaudaciones tributarias.
Un informe preparado por el Banco Central de Honduras (BCH) revela que la producción de la industria legal del alcohol ha venido en aumento en los últimos años. En 2010, la producción interna de licores y aguardiente ascendió a 15.1 millones de litros.
En 2011 fue de 18.6 millones de litros, registrando un crecimiento de 3.5 millones, mientras que el año pasado llegó a 18.8 millones de litros, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCH.
Esas disposiciones arancelarias han sido una de las causas de la proliferación de destilerías clandestinas en el país, ya que su producto está siendo destinado al segmento más bajo de la población, quien por 30 o 35 lempiras puede adquirir un litro de aguardiente, con un contenido alcohólico de 30 grados Gay-Lussac. En junio de 2012 se reportó la muerte de 22 personas en Comayagua por la ingesta de supuesto alcohol adulterado, extremo que la Secretaría de Salud Pública no pudo confirmar.
Guerra de precios
La industria legal del alcohol está involucrada en una fuerte competencia con las destilerías clandestinas del mercado hondureño. Las tradicionales marcas de bebidas embriagantes han perdido una fuerte participación del mercado por la aparición de productos de bajo contenido alcohólico, relató vía telefónica un empresario de ese rubro bajo la condición de no revelar su nombre, quien se resiste a desaparecer su histórico “guaro”, conocido por el color del tapón del envase de vidrio.
Agrega que mientras él ofrece el litro de su marca de 45 GL a 65 lempiras al mayoreo, la competencia llega al mercado con varias presentaciones a 30 y 40 lempiras. “Nuestro producto cumple con todas las exigencias sanitarias y demás requisitos exigidos por las autoridades, mientras la industria ilegal suple el mercado con licor adulterado, que en sus envases dice que son contenidos alcohólicos 30 GL y al hacer las verificaciones respectivas a través de pruebas de laboratorio se puede comprobar que apenas tienen 25 grados Gay-Lussac, o sea que son bebidas adulteradas en fábricas clandestinas”.
De acuerdo con el informe preparado por las agencias especializadas, uno de los hallazgos más relevantes es que muchas de las bebidas clandestinas son fabricadas por empresas autorizadas para la distribución de los licores elaborados por la industria legal. Eso les permite ofrecer precios más bajos que sus proveedores; un ejemplo de lo anterior es que ellos pagan 504 lempiras por una caja de 12 litros al fabricante de la marca “X”, pero al adulterarlo en sus destilerías o plantas artesanales lo ofrecen al detallista a 485 o 490 lempiras.
Los entrevistados aseguran que esa competencia desleal ha impactado en muchas empresas, las que se han declarado en alerta por los daños económicos y por el perjuicio que puede representar a la salud a los consumidores al ingerir bebidas alcohólicas que no cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.
