Empresarios, trabajadores, diputados o funcionarios interesados en las camaroneras del Grupo Hondufarms-Ibermar deberán pagar al menos 160 millones de lempiras por esos bienes nacionales.
Así lo reveló ayer una fuente oficial, quien confirmó que las seis fincas y la empacadora ubicadas en los departamentos de Choluteca y Valle serán vendidas a través de una subasta pública.
EL HERALDO buscó la confirmación del presidente del consejo de administración de ese grupo empresarial, Carlos Borjas, subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, quien ratificó que 160 millones era el precio para la subasta.
El valor en libro de esos bienes nacionales es de 121.7 millones de lempiras, a precios de 2007. Hondufarms, Culcasa, Fincamar, Exmar, Acuatec, Flamingo, C W Y C e Ibermar fueron propiedad del desaparecido Banco Corporativo, S A (Bancorp) y adquiridas por el Estado de Honduras después de haber destinado 1,150 millones de lempiras para cancelar los recursos que los cuentahabientes tenían en esa institución financiera declarada en liquidación forzosa.
Los activos de Hondufarms-Ibermar son disputados por sus empleados permanentes y eventuales, empresarios ligados a la industria de la camaricultura, así como por políticos y funcionarios quienes han tenido en los últimos años esos bienes públicos como piñata para colocar a sus activistas. No obstante, cercanos personajes ligados al poder político han emprendido una campaña de presión para llevar a la quiebra ese grupo de empresas y así apoderarse de los activos de manera fraudulenta.
Trabajadores
Ante la tardanza del Poder Ejecutivo en cumplir el acuerdo legislativo número 0846 del 15 de agosto de 2008 y publicado en La Gaceta 31,827 del 2 de febrero de 2009, el que manda que los activos del Grupo Hondufarms-Ibermar serán sometidos a un proceso de subasta pública, los trabajadores temporales y los permanentes han intensificado las presiones para que el gobierno les traspase las fincas camaroneras y la empacadora en carácter de concesión.
Esa situación ha provocado un conflicto con la administración de ese grupo de empresas, ya que los empleados han venido tomándose las propiedades, derivando en acciones legales por el delito de usurpación.
La oficina regional de la Procuraduría General de la República en Choluteca citó ayer a las partes en conflicto para buscar un arreglo derivado de la toma de cinco fincas por parte de los jornaleros, lo que tiene en riesgo la cosecha de 1.2 millones de libras de camarón.
Jorge Varela, director ejecutivo del Comité de Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coodefagolf), dijo ayer que esa organización respalda la propuesta de los trabajadores, considerando que a estos les asiste ese derecho porque durante varios años han venido trabajando para ese proyecto. Fausto García, supervisor de la finca Cultivos y Camarones, S A (Culcasa), confirmó que los empleados están pujando por los activos de Hondufarms-Ibermar y no están pidiendo al gobierno que les regale esos bienes nacionales, ya que están dispuestos a pagarlos con los ingresos procedentes del cultivo y exportación del crustáceo. Además, se conoció que organizaciones del denominado sector social de la economía estarían dispuestos a financiar la compra de esos activos, siempre y cuando el consejo de administración así lo decida.
A la lucha de los trabajadores se han unido dirigentes de la denominada resistencia popular de Choluteca y Valle, los que fueron acusados en los tribunales de justicia de Nacaome por apoyar las invasiones de fincas camaroneras de los empleados por contrato.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) cuenta con un dictamen técnico y legal que estipula que Hondufarms-Ibermar 'solo puede venderse íntegro y no por partes, asimismo, tampoco se puede alquilar parcial o total el proyecto de las fincas y la empacadora en liquidación en la zona sur'. En marzo de 2005, la CNBS convocó a un remate de esas propiedades, solicitando la cantidad de 431.7 millones de lempiras, siendo declarada fracasada la subasta pública.
Situación legal
Uno de los aspectos que los interesados en los activos del Grupo Hondufarms-Ibermar deben solventar es la situación legal de los bienes. De acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Finanzas, Fincamar y C W Y C cuentan con terrenos con dominio pleno, el resto de las propiedades son concesiones otorgadas por el Estado de Honduras.
En el caso de Acuatec, la concesión por 20 años expira el 15 de julio de 2012, Culcasa es por 10 años y vence el 25 de febrero de 2013 y Exmar por 10 años y concluye el 21 de septiembre de 2015. La concesión de Hondufarms es por 20 años y vence en 2028, ya que esta fue renovada en 2008.
Otro de los aspectos a solventar es la autorización de los permisos ambientales, ya que la mayor parte de estos se encuentra en proceso de trámite. La PGR será la responsable del traspaso de esos bienes nacionales cuando el gobierno decida traspasarlos al que presente la mejor oferta.
