El gobierno de Honduras suspendió la aprobación de un proyecto de decreto orientado a centralizar los servicios que presta el Estado a los propietarios de vehículos.
La iniciativa fue suspendida ante las dudas generadas entre los funcionarios durante la celebración de la sesión ordinaria de Consejo de Ministros en Casa Presidencial.
El proyecto de decreto, presentado por el ministro de Staff Presidencial, Octavio Sánchez, autoriza a la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) a suscribir con Banco Atlántida un contrato de fideicomiso.
Dicho contrato estaría orientado al proyecto de operación, funcionamiento y administración del registro vehicular a nivel nacional e implementación de los centros de inspección de emisiones vehiculares, suministro de placas, otorgamiento de licencias, modernización del sistema de imposición de sanciones por infracciones de la Ley de Tránsito y recaudación de multas.
Sánchez informó que se trata de “la contratación de un fideicomiso para operar el registro vehicular y además también la prestación de ciertos servicios conexos como la emisión de placas, que hay problema serio con este tema, y la emisión de licencias, y además la modernización del sistema que se tiene para el cobro de multas”.
Durante la discusión, representantes de Banco Atlántida informaron que actualmente el parque vehicular en el país es de 1.1 millones de automóviles, al tiempo que informaron que la tasa de cobro será la misma que maneja la DEI.
La aprobación del decreto fue pospuesta para la próxima semana a fin de revisar con mayor detenimiento su contenido a través de Coalianza, Banco Atlántida, el Instituto de la Propiedad (IP), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el Consejo Nacional de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad.
