La juramentación de cuatro abogados para desempeñar el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) es nula.
Así lo sostienen los magistrados de la Sala Constitucional destituidos: Rosalinda Cruz Sequeira, Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma y Francisco Ruiz Gaekel.
El Congreso Nacional (CN) resolvió destituir a estos magistrados y en su lugar juramentó a German Vicente García, Elmer Lizardo, Silvia Santos y Víctor Lozano. El Legislativo argumentó que la destitución obedeció a la desaprobación de la “conducta administrativa”.
Nunca hubo informe
Sin embargo, evidencia documental revela que el Poder Judicial no envió al CN el informe solicitado sobre la gestión de los magistrados.
Con fecha 11 de diciembre, el CN remitió al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, el oficio No. 480-2012, al que tuvo acceso EL HERALDO. En ella se pidió de manera apresurada, en un término de 24 horas, que enviara el listado de los integrantes de las diferentes salas de la CSJ, cuántas acciones estaban pendientes de resolución cuando se hizo la asignación de los actuales magistrados en cada una de las Salas, cuántas han resuelto y cuántas están pendientes de resolución.
Asimismo, cuántas acciones o recursos se han presentado desde el 26 de enero de 2009 (cuando tomaron posesión) hasta el día de hoy en cada una de las salas que conforman la CSJ, detallando en qué fecha fueron presentadas y en qué estado se encuentran.
Finalmente, el CN solicitó adjuntar en el informe copia electrónica del libro diario de ingreso de asuntos de cada una de las secretarías de las salas de la CSJ, así como ordenar el ingreso de la comisión especial nombrada para evaluar la “conducta administrativa” de los magistrados. Todo lo solicitado pidieron responderlo en 24 horas.
Asimismo, EL HERALDO tuvo acceso al oficio PCSJ No 616-2012, remitido por Rivera Avilés a los coordinadores de cada una de las cuatro salas, adjuntando lo solicitado por el CN a efecto de atender y dar respuesta dentro del marco de la ley. Cabe hacer notar que este oficio lo recibieron las salas hasta el 12 de diciembre, en el caso particular de la Sala Constitucional a las nueve de la mañana; es decir, unas cinco horas después de que los cuatro magistrados de dicha sala ya habían sido destituidos e, incluso, cuatro de los suplentes ya habían sido juramentados.
A esta inconsistencia en el proceso se suman las violaciones a garantías constitucionales que aseguran los afectados les fueron vulnerados, como el derecho al debido proceso.
Nulidad
En razón a lo anteriormente expuesto, los cuatro magistrados despedidos por el CN se acogen al principio de legalidad estipulado en el artículo 321 de la Constitución.
El mismo reza que “los servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confieren la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
“Esta destitución de nosotros es nula, hay un principio de derecho, también, que dice que nadie está obligado a acatar ordenes ilegales”, expresó Bustillo. Argumentó que es un acto nulo desde la conformación de la comisión investigadora del CN. Además, en lo que se expuso en el hemiciclo se argumentaron razones del fallo sobre la Ley de Depuración, sin la existencia de un informe remitido por la CSJ. “Si ni siquiera la Corte envió el informe, ¿cómo es que se produjo la destitución?”, se preguntó. “Lo cual quiere decir que legalmente nosotros seguimos siendo magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia”, subrayó Bustillo.
Por lo tanto, expuso que seguirá sus funciones, hasta dijo que recibió la convocatoria para participar en el pleno convocado para hoy, referido a resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Depuración Policial.
“Cuando se quebrantan disposiciones constitucionales nadie está obligado a respetar decisiones que son arbitrarias, que van contra todos los principios y normas de derecho interno y constitucional”, manifestó por su lado Gutiérrez Navas, presidente de la Sala Constitucional.
Aclaró que “la Sala Constitucional nunca, nunca ha estado en contra de la depuración de la policía”. Por motivos que se desconocen, dijo que se maneja erróneamente que están en contra de la depuración.
Lamentó que fueron separados por un fallo que aún no esta firme. “Desconocemos totalmente qué informe presentó el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jorge Rivera Avilés, porque en los oficios que remitió el Congreso Nacional al señor presidente fueron recibidos el 11 de diciembre a las cinco de la tarde, y en el caso de la Sala Constitucional, se recibieron hasta el día de ayer 12 de diciembre”, detalló Cruz. Todavía el miércoles, ya destituidos los cuatro magistrados, la secretaría de la Sala Constitucional estaba preparando el informe que solicitó el CN.
A su juicio, existen argumentos ilegales, fuera de la verdad y de la objetividad. “Lamentamos esa forma de atropellar los derechos, el incumplimiento de preceptos constitucionales en cuanto a la independencia de los poderes del Estado”, dijo.
“Legalmente somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia al considerar que es nulo el acto por el cual fueron nombrados los nuevos magistrados”, expresó. Por tal razón calificó que los recién juramentados “serían de facto y esto podría acarrear responsabilidad”.
Amparo
Los cuatro magistrados separados formalizaron un recurso de amparo, argumentando violación a sus derechos constitucionales. En el amparo se señalan todas las garantías fundamentales que se les han violentado en un estado de derecho. “Pedimos la suspensión del acto reclamado”, dijo Cruz, es decir que se suspenda lo resuelto por el CN en el sentido de destituirlos. Dijo desconocer el nombramiento de los nuevos magistrados. Pide que si los recién juramentados conocen el amparo, que se excusen, al igual que Óscar Chinchilla. El expediente ya está en la presidencia de la CSJ, quien definirá la admisibilidad o no de la demanda presentada por los cuatro afectados.
Solidaridad
La Sala Constitucional de Costa Rica, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, redactó un oficio solidarizándose con los cuatro magistrados destituidos.
“Uno de los componentes de la separación de los poderes públicos, medular en un régimen democrático, es la garantía de la independencia de los jueces, más aún de los constitucionales”, cita el comunicado. “Pretender traducir un supuesto disenso con las decisiones jurisdiccionales en la destitución de las autoridades de ese orden equivale a socavar las bases del estado de derecho”, agrega. “En razón de lo anterior manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros destituidos de la Sala de lo Constitucional de la CSJ de Honduras, así como nuestra preocupación por la independencia judicial, el sistema democrático y el estado de derecho”, concluye el pronunciamiento.
Denuncia
En horas de la mañana miembros de la Unión Cívica Democrática (UCD), abogados y otros miembros de la sociedad civil formalizaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los diputados que aprobaron la destitución de los cuatro magistrados.
Se pide al MP investigar la comisión de varios delitos, como traición a la patria, contra la forma de gobierno, abuso de autoridad y otros, informó la abogada Maribel Espinoza, una de las denunciantes. Argumento que es su deber ciudadano defender la Constitución. “Lo que pasó en el Congreso Nacional es algo realmente espantoso”, calificó. Se solicita al MP concluir la investigación de la denuncia y proceder conforme a derecho.
