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El Congreso Nacional de Honduras ordenó, por medio de un decreto, la donación a una empresa privada de un millonario lote de piezas de hierro y maquinaria del Instituto de Conservación Forestal (ICF), pese a que esos bienes iban a ser subastados.
Otra irregularidad es que esos materiales se destinaron a una compañía, aunque existen disposiciones legales que prohíben la concesión de productos a una sociedad mercantil.
El conjunto de fierros en disputa son los restos del plantel de la desaparecida empresa Central de Aserrío de Siguatepeque (CASIS), ubicada en la comunidad de La Esperanza, municipio de Siguatepeque, Comayagua, que luego pasó a posesión de ICF.
Mediante decreto 46-2012, aprobado en abril de 2012, presentado por el exdiputado Miguel Ángel Gámez, hoy ministro de Soptravi, se autorizó para que fierros, valorados en 4.9 millones de lempiras, se le entregaran a la empresa Centro de Investigación Científica y Tecnológica S A de CV (Cibertec), propiedad de Agustín Martínez Perdomo.
El anteproyecto se presentó a finales de 2011.
Antes, el ICF había rechazado una petición de Martínez para que se le entregaran sin costo los metales, en virtud de que el decreto 52-2007 establece que los bienes del Estado que no sean subastados solo pueden traspasarse a instituciones de beneficencia y nunca a compañías privadas, como es el caso de Cibertec. Así lo dejo establecido el ICF en la resolución 066-2010, emitida el 8 de abril de 2012, mediante la cual responde negativamente al requerimiento hecho por Cibertec para poseer el inventario de fierros.
“Todo bien inmueble que no sea subastado debe ser traspasado a instituciones de beneficencia, siendo la peticionaria (Cibertec) fundador de una empresa mercantil diferente totalmente a una institución así, por lo que no puede ser beneficiado con la donación”, cita el acuerdo del ICF.
El ICF había resuelto previamente en contra de una petición de la fundación Amor para que se le donara los hierros, pese a ser una entidad sin fines de lucro.
Aserradero
Casisa instaló una aserradero en ese predio rural en 1979 para la transformación de madera en rollo. La vida útil de la maquinaria se estimó en 15 años, pero solo estuvo en uso 7 años.
Los dos planteles de la carpintería pasaron a manos de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) como pago a una deuda que la empresa tenía con la estatal.
Posteriormente, cuando la Cohdefor se transformó en el Instituto de Conservación Forestal, todos los activos de la primera se transfirieron a la nueva entidad, incluyendo los bienes de Casisa.
Entre las posesiones estaban vigas de diferentes medidas, motores en mal estado, láminas de acero, canales de transportación y un horno de secado. La fábrica está dividida en el plantel A y plantel B.
El ICF inició un proceso para subastar estos bienes, ya que toda la maquinaria estaba incompleta y corroída por su exposición al ambiente.
Se hizo un inventario de los planteles y se determinó que el precio base de las 1,294 toneladas de metal sería de 4.9 millones de lempiras.
El 11 de abril de 2012 se elaboraron las bases de la subasta y se había programado el 30 de mayo se realizaría una audiencia para la presentación de ofertas.
CN interviene
No obstante, el proceso de subasta se frenó debido a que el CN aprobó el 10 de abril el decreto mediante el cual obsequia los hierros a Cibertec.
En esa misma fecha la Secretaría General del Congreso Nacional remitió una constancia al ICF para informarle de la existencia de la resolución.
En el decreto se valora que el dueño de Cibertec es un científico premiado por las Naciones Unidas por diseñar un invento denominado
Recolectora de Agua (Rede), que sirve para extraer partículas de agua en estado gaseoso para convertirlas en líquido.
Los bienes servirán, dice el decreto, para que el investigador continué haciendo creaciones en beneficio de Honduras.
Sustracción
El 2 de mayo pasado un grupo de personas llegó al plantel de Siguatepeque y procedió a desarmar las estructuras para movilizarlas y entregarlas a Cibertec.
Funcionarios del ICF se dieron cuenta de esta actividad y procedieron a denunciar el hecho al Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de ese sector. Según los denunciantes, un comisario de apellido Arita, a quien citan como jefe policial de la zona, les indicó de manera “muy pedante” que las personas que hacían el corte del metal “estaban amparadas” para sustraer el hierro.
“Comenzó una discusión muy fuerte entre el comisario y nosotros (ICF) y a pesar de que nosotros le demostramos tener la propiedad efectiva del bien inmueble”, dice un informe del ICF sobre el hecho.
Nuevamente, los personeros del ICF recurrieron al Ministerio Público para plantearle que la sustracción del metal era ilegal.
El director de la DNIC y el comisario Arita también llegaron a la sede de la Fiscalía a presentar copia del decreto que avala le entrega de los fierros.
El MP comprobó que esas copias eran “simples borradores con firmas incompletas”, por lo que se ordenó detener el corte del metal y prohibir que esos bienes salieran de los predios del ICF hasta segunda orden.
El decreto 46-2012 tampoco ha sido publicado en el diario La Gaceta, por lo que el mismo todavía no es vigente y por ello la donación no se ha concretizado.
