La lucha de los cuerpos de investigación para detener el viejo delito de extorsión apenas comienza.
A poco más de 13 meses de haberse reformado el artículo 222 del Código Penal, tendiente a endurecer las penas por este flajelo y cuando el rubro del transporte, la pequeña y mediana empresa y los capitalinos en general, no soportan más, el ataque a las organizaciones delictivas que se dedican al cobro del denominado “impuesto de guerra”, muestra tibios avances.
A la fecha, la Fiscalía de Delitos Comunes acreditada al Ministerio Público registra unos 193 casos de extorsión judicializados.
Es decir que los cuerpos de investigación judicializan apenas un caso cada tres días, mientras los tentáculos del delito ganan más terreno.
Unas 225 personas detenidas, de las cuales 157 son adultos y 68, menores de edad, han sido sorprendidos. En este último, la Fiscalía ha logrado judicializar 67 casos, pues se han tenido los medios de prueba necesarios para declararlos culpables de los cargos que se les imputan y apenas uno ha sido puesto en libertad.
Y es que, según los operadores del transporte, los extorsionadores están utilizando cada vez más la niñez para el cobro del “impuesto”.
Además se han presentado 147 requerimientos fiscales y dictado 83 autos de prisión.
En la opinión de las autoridades de esta dependencia, la mayor dificultad que enfrentan para hacer efectiva la labor de investigación y judicialización es el incumplimiento del debido proceso por parte de las víctimas.
Acorralados
Solo en el transporte, la extorsión se ha cobrado en la capital la vida de 91 conductores y 225 a nivel nacional.
De acuerdo con un estudio que presentó la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), en septiembre del año pasado, unas 1,600 empresas de la capital cerraron por este flagelo. El cierre de estos negocios ocasionó que se dejaran de generar 4,800 empleos directos y 14,800 indirectos.
El flagelo se ha filtrado en chicleras, ventas de ropa usada, de tortillas, pulperías y viviendas.
