La población capitalina podrá conocer el paradero de las unidades amarillas del transporte urbano que han desaparecido de circulación.
Las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT) están obligadas a hacer público, a más tardar este miércoles, los listados de buses subsidiados por el gobierno.
Y es que en la resolución otorgada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que niega la petición de Soptravi de declarar en reserva esta información, indica que la DGT tiene cinco días hábiles para entregar los listados solicitados.
La entidad gubernamental recibió el jueves anterior la notificación, por lo que este miércoles vence el plazo.
La petición
La formal petición hecha por EL HERALDO se originó por la negativa del ente estatal de revelar los listados del transporte que se están beneficiando con los millonarios subsidios del gobierno que ascienden a 292 millones de lempiras.
Y es que con el surgimiento de los centenares buses denominados rapiditos, a un precio de 11 lempiras, diversos sectores de la sociedad sospechan vicios de corrupción en el pago de los millonarios subsidios.
Ante estos cuestionamientos y la renuencia del representante de la DGT, este rotativo interpuso al IAIP un recurso de revisión de documentos de la dependencia gubernamental.
Soptravi debe entregar una copia del listado de los 1,250 buses urbanos que operan en Tegucigalpa y reciben subsidios del gobierno, al igual que de los 395 buses urbanos que operan a lo interno del Distrito Central y que no reciben el beneficio del Estado.
La información solicitada deberá contener el número de registro de cada unidad, el nombre de su propietario, la ruta que cubre y la cantidad de subsidio que recibe.
Soptravi pidió al IAIP que la información fuera considerada como “reservada”, poniendo como justificación la ola de inseguridad que azota el rubro.
No obstante, la institución de transparencia consideró que un supuesto no es argumento para poner en riesgo fondos del Estado e instó a que la información sea develada.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a que toda información que tenga que ver con el manejo de dinero del Estado debe ser conocida por la ciudadanía.
