Tegucigalpa, Honduras
Unas 40 demandas, que suman unos 200 millones de lempiras, afronta en los juzgados el Instituto Nacional Agrario (INA) por diferentes causas que van desde lo laboral hasta motivadas por la extensión de títulos sobre terrenos que son de propiedad privada.
Solo una de las acciones judiciales busca resarcir daños económicos por el orden de los 22 millones de lempiras porque las anteriores autoridades del INA, encabezadas por César Ham, le entregaron las tierras a otras personas cuando era de características privadas, dijo el subdirector del INA, Darwin Cálix.
“Estamos hablando arriba de 40 demandas y todas andan arriba de los 200 millones. Hay una por 22 millones por tierras tituladas en el Atlántico. Es una tierra que abarca un área costera”, expresó Cálix, exdirigente campesino.
Estas demandas, refirió, tienen que ver por “cuestiones laborales, por haber adjudicado un título de propiedad a determinada empresa o grupo campesino, donde ya existía título de propiedad privada”.
“Son cuestiones que se dieron en la administración pasada. No hay vuelta de hoja, se tiene toda la información”, afirmó el funcionario.
Dijo que la parte legal del INA le advirtió a las autoridades que el proceso de adjudicación de tierras era ilegal por tratarse de bienes de propiedad privada.
Sin embargo, “a la parte asesora no se le dio la importancia del asunto, se procedió a emitir el título y ahora tenemos una demanda que anda por los 22 millones”.
El subdirector no quiso dar el nombre del terrateniente que demandó al INA por 22 millones, el número de hectáreas entregadas supuestamente de manera ilegal ni la ubicación exacta.
El resto de las demandas tiene que ver con casos similares pero de menor cuantía hasta sumar unos 40 millones de lempiras que el INA deberá pagar si es vencido en juicio.
Citó el subdirector el caso de un empleado que fue despedido ilegalmente, demandó y los tribunales le dieron la razón condenando al INA a pagar un millón de lempiras por salarios caídos más el reintegro correspondiente.
“La situación de la institución es difícil. Estamos tratando de ver cómo la solventamos. El señor Presidente de la República ya tiene conocimiento de estas cosas y estamos a la espera de que tome decisiones sobre qué vamos a hacer y básicamente de qué va a depender el futuro de la institución”, dijo Cálix.
Por su parte, el dirigente sindical, Manuel de Jesús Sosa, dijo que las acciones hechas de manera ilegal por las anteriores autoridades conlleva erogaciones innecesarias para el INA y, consecuentemente, afecta los intereses económicos de los trabajadores.
“No es correcto que hayan metido títulos encima de otros títulos de propiedad privada”, apuntó Sosa.
Estos actos se suman a los terrenos de Yaguacire, al sur de la capital, que el Sindicato alega son de su propiedad, pero que fueron adjudicados, en algunos casos, a exfuncionarios del INA.
