Ramiro Muñoz
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Tegucigalpa, Honduras.- Una brigada odontológica se llevó a cabo en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde fueron beneficiados más de 1,500 privados de libertad.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a través del departamento de Salud, desarrolló la actividad médica, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la atención integral de las personas privadas de libertad.
La jornada contó con la participación de profesionales en el área de odontología del sistema penitenciario, con apoyo de especialistas del Colegio de Odontólogos de Honduras, al igual que personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), quienes brindaron evaluaciones, tratamientos básicos y orientación en salud bucal.
El objetivo de la brigada odontológica es contribuir a la prevención de enfermedades bucales y a mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria.
José Iván Guevara, presidente del Colegio de Odontólogos de Honduras, dijo: “para nosotros es un placer servir a la población penitenciaria y poder aportar a su bienestar a través de diferentes atenciones odontológicas que contribuyen a mejorar su salud bucal”.
Mientras que Luis Fernando Galo, jefe del departamento de Salud de la Penitenciaría Nacional de Támara, anunció que “esta es la primera acción del año 2026 y se enmarca en el compromiso de promover la salud y bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad y forma parte del plan estratégico del Instituto Nacional Penitenciario”.
“Se planea extender este tipo de brigadas odontológicas a otros centros penitenciarios del país”, manifestó Galo.
Por su parte, el director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Teniente Coronel de Infantería Willians Odair García, expresó: “Agradecemos a las autoridades y al personal especialista que se ha sumado a esta jornada, brindando atención y apoyo a los privados de libertad, lo que demuestra el compromiso de diferentes instituciones con la salud y el bienestar de esta población”.
“Estas acciones son impulsadas por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud y el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, fortaleciendo así los programas de atención integral dentro del sistema penitenciario”, concluyó García.
