San Pedro Sula, Honduras.- Agremiados de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph) exigieron ayer una exhaustiva investigación por el asesinato de una de sus integrantes, cuya muerte, aseguraron, se derivó tras amenazas por su trabajo como líder patronal.
Karla Patricia Vigil Murillo, de 47 años de edad perdió la vida la tarde del lunes tras ser atacada a balazos por un individuo que llegó a su negocio de venta de comida en la colonia Arenales 2, en el sector de la Rivera Hernández, de esta ciudad, zona donde era vicepresidente del patronato desde hacía varios años.
Su muerte fue confirmada horas después del ataque por médicos del hospital Mario Rivas , adonde fue trasladada en un intento por salvarle la vida.
La muerte del líder comunitario ha causado consternación entre sus compañeros, quienes aseguraron ayer que el ataque ocurrió luego de que fuera amenazada junto a otros miembros de la Conafeph debido al trabajo que realizaban dentro de la organización.
Según contaron, ayer se reuniría con autoridades policiales para afinar detalles del sistema de protección del que sería beneficiario tras poner en manifiesto las amenazas que recibió ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
No les recibieron denuncias
Compañeras de la víctima dijeron entre lágrimas que "es triste lo que le ha ocurrido a Karla, pero más porque la Policía ya tenía conocimiento de lo que ocurría, pero como que no se escuchan las denuncias. Fuimos muchas veces a la Policía, pero nunca nos quisieron tomar ni una sola denuncia". Indicaron además que las intimidaciones contra otros líderes son constantes y que tienen miedo de lo que pueda seguir ocurriendo.
Edgardo Barahona, vocero policial, indicó que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en el caso. Dijo que basado en la información recabada, la primera línea de investigación coincide con las sospechas de los compañeros de Karla Patricia Vigil, que señala que su muerte se derivó por su trabajo como líder patronal y su defensa por la tenencia y legalización de tierras.
"La DPI avanza con la recolección de información con testigos, familiares y compañeros patronales que facilitan más datos para dar con el victimario. Se maneja como línea primaria de investigación el conflicto de intereses. Se sabe que el sector de Arenales 2 es zona de litigio por su propiedad, y si bien es cierto había un grupo que se dirigió este proceso, se ha conocido que se ha ido separando, generando conflictos internos y probablemente de ahí venga la rivalidad que conllevó al ataque", manifestó Barahona.
