Dos campesinos fueron asesinados y sus cuerpos, con señales de tortura, aparecieron en una zona del valle del Aguán, en el noreste de Honduras, donde han muerto más de 90 personas en tres años en conflictos por tierras, denunció este lunes el movimiento agrario.
'Ayer domingo fueron encontrados los cuerpos de dos campesinos que habían sido secuestrados por hombres desconocidos la tarde del jueves, después de realizar trabajo de campo en el asentamiento campesino la Lempira', anotó un comunicado del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
El movimiento señaló que uno de los campesinos trabajaba en la empresa Asociativa Campesina La Lempira de MUCA y el otro integraba el Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (Mocra)'.
Los cuerpos tenían señales 'de haber sido torturados con quemaduras, atados de las manos y ejecutados con armas de fuego, en las orillas de finca La Concepción', precisó.
El pasado 16 de febrero otro campesino, de 55 años, murió a manos de desconocidos que le dispararon cuando llegaba a su casa.
El jueves pasado, dirigentes de 14 organizaciones campesinas de esa zona denunciaron que las autoridades militares emprenden un 'plan de criminalizar la lucha por el acceso a la tierra (…) para desarticular las organizaciones campesinas'.
Yoni Rivas, uno de los dirigentes, denunció que el jefe militar de la zona, coronel German Antonio Alfaro, está 'pretendiendo enjuiciar a voceros de las organizaciones campesinas que denuncian constantemente los asesinatos a campesinos'.
El conflicto se desató en el Aguan, situado a 600 km al noreste de la capital, en enero de 2010 luego de que un mes antes más de 5,000 campesinos ocuparan 7,000 hectáreas de tierra propiedad de terratenientes.
Los campesinos sostienen que esas tierras les pertenecen desde que en la década de 1980 les fueron entregadas en el marco de una reforma agraria.
En 1992, una ley permitió que esas parcelas fueran vendidas, y algunos dirigentes de los agricultores, a espaldas de sus bases, las cedieron a precios bajos a los terratenientes.
En agosto, el gobierno ordenó un despliegue de militares reforzando a la policía de la zona pero las muertes no se han detenido.
