El peso de la ley cayó sobre cuatro policías acusados por asesinar a dos jóvenes universitarios.
La Sala Dos del Tribunal de Sentencia, con Jurisdicción Nacional, dictó el jueves sentencia condenatoria en contra de los hoy expolicías Santos Arnulfo Padilla, José Rubén Pozo López, Gabriel Donatilo Marcia Hernández y Wilson Roberto Córdova Rodríguez, quienes estaban asignados el Distrito 1-6, ubicado en el barrio La Granja.
Los declaró culpables por dos delitos de asesinato y un abuso de autoridad, en perjuicio de los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez.
El fallo se emitió por unanimidad de los tres jueces que integran dicho Tribunal, mismo que lució abarrotado por familiares de las víctimas, de los imputados, estudiantes, periodistas y otros.
La Sala estuvo resguardada por diez custodios, entre alguaciles judiciales, policías y efectivos del Ejército. En las afueras, familiares de Wilson y Gabriel esperaron en vano su liberación.
Hechos probados
La audiencia inició puntual, a las dos de la tarde, iniciando de inmediato con la lectura de la sentencia, la que demoró un poco más de 42 minutos.
Los tres jueces validaron como hechos probados que alrededor de la 1:30 de la madrugada del 22 de
octubre del 2011
los dos universitarios se marcharon de una reunión, para lo cual abordaron un vehículo Toyota Rav-4, conducido por Rafael Vargas.
Entre la 1:45 a 2:00 de la madrugada llegaron a un karaoke, donde se les impidió ingresa, pues estaban por cerrar, por lo que se dio una pequeña discusión entre los jóvenes y guardias.
Una patrulla M1-92, en el cual se conducían Wilfredo Figueroa, conductor; Carlos Yovani Galeas, jefe; Santos Arnulfo Padilla, operador; y José Rubén Pozo, apoyo, quienes atendieron el llamado de los guardias. Los universitarios abandonaron el sitio con rumbo al bulevar que conduce al aeropuerto Toncontín.
Al no acatar la orden de detenerse, los policías hicieron cuatro disparos contra el vehículo, con fusiles tipo galil, uno de los cuales impactó por la espalda a Vargas, quien era el conductor, lo que le obligó a detener el auto en la calle principal de la colonia 15 de Septiembre. La acción denotó un acto arbitrario.
Vargas fue bajado del auto y subido a la parte trasera de la patrulla, dos policías se subieron a la camioneta custodiando a Pineda, ambos vehículos se dirigieron al sur de la capital.
A la altura de la colonia Loarque recibieron la ayuda de otra patrulla, la M1-30, que tripulaban Marcia y Córdova.
Estos últimos vieron cuando Rafael Vargas se encontraba herido al ser subido a su patrulla.
Lejos de brindarle protección, llevándolo a un hospital para salvarle la vida, lo entregaron luego a los policías de la patrulla M1-92, quienes los trasladaron a un sector oscuro y despoblado de la aldea Villareal, salida al sur, para ejecutarlos.
Además de la herida que le produjo el fusil, Vargas recibió dos disparos en su cabeza, Pineda, tres en la misma zona; con arma nueve milímetros.
En las patrullas se encontraron cabellos de las víctimas y sangre de Vargas. Asimismo, el Tribunal aceptó otras pruebas aportadas por la Fiscalía.
“Por unanimidad de votos, los declaramos culpables por los delitos de asesinato, a título de autor, en perjuicio de los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez... y un abuso de autoridad”, dictó la juez coordinadora, a los cuatro expolicías que escucharon de pie su sentencia.
A Santos Padilla y José Rubén Pozo se les declaró culpables a título de coautores por dos delitos de asesinato, con alevosía, y abuso de autoridad.
A Marcia y Córdova, por comisión de asesinato, por omisión impropia, más el abuso de autoridad. Los cuatro expolicías fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional, en Támara.
El Código Penal sanciona el delito de asesinato de 20 a 30 años de reclusión; el abuso de autoridad de 3 a 6 años.
La sentencia del Tribunal es en concurso real, lo que significa la sumatoria de las penas de los delitos, en este caso, por ser dos delitos de asesinato y un abuso de autoridad, la mínima asciende a 43 y la máxima a 66 años de prisión.
Reacciones
Los acusados mostraron indignación por la condena.
“Peor delito están cometiendo ellos (jueces) juzgando a alguien inocente”, dijo Marcia, quien aseguró que nunca miró a Vargas esa noche.
Córdova afirmó que “soy inocente, no tengo que ver nada en esto. Es injusto”, dijo. Afirmó que fueron usados por jerarcas policiales, que les ‘sembraron’ pruebas. Temen que los puedan matar en la Penitenciaría.
Vargas era hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos. “Hubiera preferido que estos policías no se atravesaran en la vida de nuestros hijos y todos estos meses hemos querido justicia”, dijo. Agradeció a fiscales y testigos, valoró la objetividad del Tribunal.
Castellanos aseguró que continuará luchando, porque todavía hay dos acusados que están prófugos.
'No fueron Alejandro y Carlos los primeros, probablemente los últimos, pero esta patrulla hacía lo mismo, porque Los Hornitos se había convertido en un botadero (de cadáveres) de jóvenes'.
'Nosotros vamos a seguir, vamos hasta el final, no vamos a dejar a nuestros hijos asesinados por autoridades, que sus casos queden en la impunidad'.
Reiteró reiteró que la lucha continuará porque hay dos involucrados prófugos y la cúpula policial también es responsable porque permitía que 'esta patrulla 82 ejecutara jóvenes'.
Agradeció a las madres, amigos y familiares 'que nos han acompañado' y sostuvo que 'vamos a estar luchando porque se desentrañe todo esta trama de una institución coludida que perdió el rumbo y autoridades, y que hoy estamos dispuestos a que otros jóvenes no pasen por lo mismo'.
Recordó que 'hemos pedido justicia, hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, para poder recaudar pruebas, para que la prueba científica fuera valorada, se ha hecho lo que tenía que hacerse'.
Castellanos reconoció el trabajo de los peritos forenses y los investigadores, que aportaron pruebas a los fiscales, aunque reveló que en muchos momentos hicieron el trabajo bajo amenazas.
'La cúpula policial les preguntaba sobre las indagaciones que hacían, los resultados que obtenían y no tenían porqué hacerlo, ya que los investigadores tenían que reportar a los fiscales y no a la policía', aseguró.
Alabó la objetividad del Tribunal para 'valorar integralmente más de 40 pruebas', entre testimonios y pruebas científicas.
'Agradezco a los testigos protegidos que no conocemos y probablemente nunca conoceremos, pero que vieron momentos decisivos en los últimos 16 minutos que mi hijo y Carlos David estaban todavía con vida'.
“Se hizo justicia, esperábamos este fallo, aunque la lucha continúa”, dijo Aurora Pineda, madre de Carlos.
La defensa interpondrá el recurso de casación para tratar de revocar la condena.
El crimen conmovió a la sociedad hondureña,
pero reveló la corrupción y el delito al que estaban acostumbrados los agentes de las diferentes postas policiales, que actuban como verdaderos cárteles del crimen.
El hecho obligó a que las autoridades inciaran un proceso de depuración policial encaminado a mejorar el actuar de la Policía Nacional y darle seguridad a los hondureños.
