Tegucigalpa, Honduras.- El éxito en el quehacer de un agente de la Policía Nacional de Honduras pende de un hilo muy fino que, al romperse, puede marcarles la vida entre el éxito y el desastre: tener una carrera llena de reconocimientos o, como en muchos casos, terminar en la cárcel.
Vivir uno u otro escenario dependerá del carácter y la prudencia, pero, sobre todo el dominio propio que estos puedan tener durante los 35 años de servicio que exige la carrera policial, a todos aquellos que decidieron servir al país desde un uniforme de oficial.
Durante décadas, muchos no lograron el buen desempeño que un día imaginaron dentro de la Policía Nacional. Un craso error los sacó de la buena ruta y los llevó al fracaso.
Uno de esos casos tuvo lugar en el punto donde convergen la primera calle y la cuarta avenida de Comayagüela, en la reconocida zona comercial de los mercados capitalinos.
Actuar policial errrado
Tres agentes y una oficial de Policía, con rango de subinspectora, patrullaban las calles de la capital durante la noche lluviosa del viernes 14 de junio de 2024, a bordo de la radiopatrulla RPM-936.
Era un patrullaje de rutina, como tantos otros que habían realizado. Asignados al Distrito Policial 1-1, con sede en el barrio El Edén, en el centro histórico de la capital, los tres miembros de la escala básica de la Policía y la oficial hacían un recorrido por el centro de la ciudad.
Cuando transitaban en las inmediaciones del Congreso Nacional, los elementos policiales observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, una práctica que no es permitida en varios municipios del país debido a la cantidad de hechos delictivos que se cometen utilizando ese tipo de vehículos.
A raíz de eso, y de los múltiples asaltos que habían sido reportados en el centro de la capital, cometidos por sujetos en motocicletas, aceleraron la marcha para darles persecución e investigar quiénes iban en la moto y cuál era el motivo de su movilización por la zona.
Tenaz persecución
El conductor de la motocicleta y su acompañante se percataron de las intenciones policiales y, al sentir el asedio de la patrulla, aceleraron a fondo para escapar y evitar ser sancionados o capturados por los policías.
El seguimiento inició en la calle que conduce del Congreso Nacional a la antigua Casa Presidencial. Los motociclistas descendieron a alta velocidad por la empinada vía y tomaron de inmediato el puente Soberanía, tratando de perder a los agentes y evadir a la autoridad.
El conductor de la motocicleta y su acompañante se percataron de las intenciones policiales, y al sentir el asedio de la patrulla, aceleraron a fondo para poder escapar y no ser sancionados o capturados por los policías.
El seguimiento inició en la calle que del Congreso Nacional conduce a la antigua Casa Presidencial. Los motociclistas bajaron a alta velocidad la empinada vía y tomaron de inmediato el puente Soberanía, tratando de perder su rastro y evadir a la autoridad.
Durante la persecución se produjo el hecho que terminaría marcando para siempre la vida de los involucrados. Detonaciones salieron de un arma de regalmento.
El adolescente Erick Daniel Bonilla Pérez, de 16 años, agonizó durante unos minutos sobre el pavimento mientras caía una pertinaz llovizna en Comayagüela, ante la mirada impotente de su amigo, quien lo veía fallecer.
Al cabo de unos minutos, Erick Daniel murió sin que nadie pudiera auxiliarlo.
Los agentes y la oficial de Policía abandonaron el lugar, dejando al joven herido, y tomaron rumbo hacia la estación policial del barrio El Edén, sin reportar lo ocurrido.
Proceso de investigación
El cuerpo sin vida de Erick Daniel fue levantado de la escena por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), donde se inició el proceso de investigación con la realización de la autopsia médico-legal.
Tras el escándalo generado por la muerte del menor de edad y el relato del joven sobreviviente, los agentes policiales que participaron en el operativo tuvieron que confesar qué había ocurrido y aportaron su versión de los hechos, con la que buscaban eximirse de responsabilidad.
El Ministerio Público inició el proceso investigativo y la Secretaría de Seguridad puso en condición de disponibilidad a los sospechosos.
El 26 de julio de 2024, más de un mes después del hecho, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra los cuatro policías, luego de varias semanas de investigación por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La subinspectora Rosi Elizabeth Valladares López y los agentes Carlos Adrián Núñez Ávila, Mario Orlando Amador Sosa y Kenia Yoxibel Cárcamo Ordóñez fueron sometidos al respectivo proceso judicial, hasta llegar al juicio oral y público.
Pasadas todas las etapas de juzgamiento y tras ser encontrados culpables, el 10 de noviembre de 2025, la terna de jueces de la Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa les dictó las condenas concretas de prisión.
El agente Carlos Núñez, quien disparó su arma de fuego y causó la muerte de Erick Daniel, fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio.
Entre tanto, la oficial Rosi Valladares y los agentes Mario Amador y Kenia Cárcamo fueron sentenciados a 15 años y nueve meses de reclusión por el delito de encubrimiento del delito de homicidio en perjuicio de la administración de justicia y por omisión del deber de socorro.
¿Por qué ocurre?
Para el exinvestigador de la extinta Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), abogado y criminalista, Gonzalo Sánchez, son muchos los factores que se conjugan para terminar en hechos lamentables como este, que en la mayoría de los casos dan al traste con la carrera de un servidor policial.
“Dentro del pénsum académico, tanto de la Academia Nacional de Policía como en el Instituto Técnico Policial, ellos llevan una serie de clases, incluso clases que las imparten los miembros de derechos humanos. El punto es que somos humanos y nos cuesta entender la situación del policía; sin justificarlo, pero el policía es un ser humano con uniforme, pero que tiene problemas económicos, problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas en su hogar, deudas, tiene una serie de problemas”, explica el investigador.
Agrega: “Entonces, este policía sale a la calle y, de repente, el ciudadano por X o Y circunstancia le falta el respeto, que no es lo correcto, pero como este hombre anda en una situación difícil, en un arranque de cólera saca el arma y dispara, y eso es grave”.
Sin embargo, pese a portar una o dos armas de fuego, el agente u oficial de la Policía debe hacer uso de ellas o accionar el gatillo como uno de los últimos recursos para defender su vida en caso de que esté amenazada, de acuerdo con el protocolo.
Sánchez detalla que la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que una persona debe hacer uso de su arma cuando su vida está en inminente peligro, de lo contrario no puede usar el arma.
Sin embargo, "yo creo que hay que hacer alguna reforma en el Código Penal, en cuanto a la legítima defensa y el cumplimiento del deber en el caso del policía que actuó en el cumplimiento de su cargo u oficio; en eso creo que el Código está mal regulado”, sostuvo.
El experto en criminalística también señala que en Honduras se da un fenómeno muy recurrente: el irrespeto de parte del ciudadano hacia la autoridad policial, una situación que, según señala, muchas veces es invisibilizada.
Los tres agentes y la oficial de Policía hoy purgan largas penas de más de 15 años de prisión en cárceles del país, derivadas de una actuación que terminó con la muerte de un menor a manos de la policía y de las decisiones que tomaron después del hecho.
Además de truncar sus carreras dentro de la institución policial, el hecho terminó con cuatro agentes condenados y dejó a una familia hondureña llorando la muerte de su cipote.
