Tegucigalpa, Honduras.- Por suponerlo responsable de cometer los delitos de violación especial y otras agresiones sexuales agravadas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un jornalero de 39 años de edad.
La operación fue ejecutada por los agentes policiales en El Progreso, Yoro, donde detuvieron al pederasta por abusar sexualmente de tres hermanas con edades de 8, 11 y 13 años, después de ser denunciado ante las autoridades policiales.
El informe policial indica que el arresto se ejecutó en atención a un automotivado de detención preventiva que fue ordenado por la Fiscalía del departamento de Yoro.
El agresor sexual es un hombre de 39 años de edad, de oficio jornalero, originario y residente en El Progreso, Yoro, y se le supone responsable de cometer los delitos de violación especial en perjuicio de dos menores de 13 y 11 años y otras agresiones sexuales en contra de una niña de ocho años de edad.
Las investigaciones policiales revelan que el detenido aprovechaba que las menores se encontraban solas en su vivienda, donde se presentaba para hacerles proposiciones indecorosas, ofreciendo dinero a cambio de permitir tocarles las partes íntimas.
El informe da a conocer que, bajo amenazas, presuntamente abusó sexualmente de dos de las menores, de 13 y 11 años, y que, en múltiples ocasiones, tocó inapropiadamente a la niña de 8 años.
Las víctimas, por temor de represalias, no habían denunciado los abusos sufridos durante aproximadamente un año. Sin embargo, la menor de 8 años decidió revelar lo que había ocurrido.
La madre de las menores, al enterarse de la situación, acudió a las autoridades para presentar una denuncia formal, proporcionando detalles sobre las amenazas recibidas por sus hijas.
Una vez presentada la denuncia ante la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, se activó un equipo de investigadores de la DPI, quienes se encargaron de llevar a cabo las investigaciones del caso.
Como parte del proceso, se realizaron entrevistas tanto a las menores como a la madre, con el fin de recopilar información adicional y testimonios que respaldaran la denuncia.
Además, se realizaron exámenes de las menores quienes fueron evaluadas por un médico forense para determinar la existencia de evidencias que corroboraban los abusos denunciados.
Durante toda la investigación, se implementaron medidas de protección para garantizar la seguridad y bienestar de las menores y la madre debido a que habían recibido amenazas por parte del agresor sexual.
Con las evidencias recopiladas, un fiscal de la zona noroccidental emitió una orden de detención preventiva contra el imputado.
Esta orden fue ejecutada de manera inmediata por funcionarios de la DPI en El Progreso, Yoro, asegurando así que el sospechoso fuera puesto a disposición de la justicia para enfrentar las acusaciones en su contra.
