El proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras no ha sido como se esperaba.
Para el caso, de los primeros 33 miembros de la institución que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que fueran separados de inmediato por haber reprobado las pruebas de confianza, solo fueron separados siete. La Ley Especial para la Depuración Policial, enmarcada en el artículo 2, numeral 1, párrafo segundo del Decreto Legislativo No.89-2012, establecía: “Cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, esto será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional”.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por EL HERALDO, de los 33 agentes de la Policía Nacional, entre ellos 32 oficiales y un policía clase III, que no aprobaron las pruebas de confianza y que el director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Carlos Bonilla Valladares, envió el oficio DGPN 1719-2012 al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el pasado 19 de septiembre, solo siete oficiales fueron separados, tal como lo establecía la Ley, es decir que 26 de ellos aún siguen en la institución y gozan de todos sus beneficios.
De acuerdo a informes proporcionados a EL HERALDO, diez oficiales se presentan a firmar un libro al Cuartel General de la Policía en Casamata, es decir que están en condición de disponibilidad, diez se encuentran gozando de incapacidades, mismas que han sido prorrogadas en reiteradas ocasiones. Y uno de ellos se encuentra con nombramiento como jefe en una de las dependencias de la institución policial.
Los separados
Entre los oficiales que les aplicaron la ley por no haber aprobado la prueba del polígrafo o detector de mentiras se encuentran: el comisionado Manuel de Jesús Escobar Murillo, subcomisionado Gustavo Adolfo Fajardo Hernández, subcomisionado Erick Nval García Canales, subcomisionado Jesús Manuel Rodríguez Hernández, subcomisario Jonathan Eloy Sevilla Carías, subcomisario Sergio Enrique Paz Bueso y el inspector Neptaly Alexander Aguilar Rivera.
Beneficiados
Entre los que están en condición de disponibilidad y que llegan a firmar el libro de asistencia se encuentran: subcomisionado Ariel Ernesto Padilla Mejía, subcomisionado Ricardo Nicolás Murillo Matute, subcomisionado José Francisco Blanco Ulloa, comisario Rodolfo Nuila Escalante, comisario Nahún Hernández Escobar, comisario Mauricio Hernández Pineda, comisario Jorge Daniel Molina Gálvez, comisario Marco Antonio Merlo Canales, comisario Ubaldo Ciro García Velásquez, comisario Nazir López Orellana, comisario Reinaldo Rubio Peña, inspector Marvin Antonio Ferrera Macías y el subinspector Erick Daniel Aguilar Nolasco.
Mientras que entre los miembros de la carrera policial que gozan de incapacidad y que no se les entregó la notificación de despido se encuentran: subcomisario Rony Raúl Alfaro Amaya, subcomisario Álvaro Ernesto García Calderón, subcomisario Carlos Mauricio Soto Leiva, subcomisario Nelson Francisco Murillo Pérez, subcomisario Óscar Alexander Claros Bustillo, inspector Ivis Abel Martínez Miranda, inspector Roberto Carlos Molina Tinoco, subinspector Enmanuel Quintano Ortez, subinspector Daniel Enrique Banegas Solís, subinspector Mauricio Rolando Suárez Aguirre, subinspector Kennin Fernando Torres Núñez y el clase III Mártir Nohel Amaya Amaya.
Por su parte, el subcomisionado Daniel Omar Matamoros Ávila está nombrado como Jefe de Seguridad en el Cuartel General de Casamata.
Eduardo Villanueva, titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), aseguró que “las autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad no me han notificado en qué condiciones se encuentran los agentes de los cuales se había notificado su separación inmediata”.
“Voy a solicitarle de inmediato al mando policial cuál es el estatus en que puedan encontrarse algunos miembros de ese grupo de oficiales de Policía porque podría ocurrir que no les han hecho las notificaciones de las resoluciones, que hayan estado en situación de incapacidad porque de hecho nosotros estamos investigando la legitimidad de algunos documentos médicos que en su oportunidad presentaron algunos oficiales para establecer que no estaban en condiciones de salud, por lo que gozaban de reposo médico”, enfatizó Villanueva.
“La separación inmediata era lo que se establecía en la Ley, pero luego vinieron las impugnaciones de la Ley Especial de Depuración, cuya vigencia cesó el 25 de noviembre”, dijo el titular de la DIECP.
Voy a pedir a la Dirección de la Policía Nacional qué fue lo que pasó, para tener elementos y pronunciarme con mayor propiedad, prosiguió el funcionario.
“La Ley de Justicia Constitucional establece con propiedad que los actos que ya están ejecutados y que fueron debidamente notificados, son actos irreversibles en la circunstancia que se declarare la inconstitucionalidad de la Ley, pero como se debe recordar la Ley dejó de tener vigencia el 25 de noviembre y la Sala Constitucional se pronunció de forma posterior”, argumentó Villanueva.
Aplazados están en puestos de mando
Algunos oficiales que no alcanzaron a superar las pruebas de confianza, y en especial el polígrafo o el detector de mentiras, han sido nombrados en puestos de mando dentro de la Policía Nacional. Fuentes consultadas por EL HERALDO aseguran que entre los oficiales que debieron salir de la institución por haber salido “aplazados” pero que no lo hicieron, sino que fueron premiados, se encuentra el subcomisionado de Policía Daniel Omar Matamoros Ávila, quien fue nombrado como Jefe de Seguridad del Cuartel General en Casamata.
Otro de los oficiales que no pasó las evaluaciones que aplicó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y que se solicitó su salida y no se llevó a cabo es Domingo Vásquez, quien fue nombrado como oficial de planta de Casamata.
Mientras que el subcomisionado Adán Antonio Reyes Ochoa, quien tampoco pasó las pruebas de confianza, fue nombrado como jefe en la departamental número 7 en Danlí, El Paraíso.
