La ley vigente, aprobada a inicios de 2014, señala en su artículo 3 que “en el caso que se detecte una aeronave no identificada o no autorizada, debe ser sometida al uso progresivo de la fuerza, a través de la indagación, interceptación, convencimiento y como uso máximo la neutralización definitiva de la amenaza, la cual debe de ser ordenada por el ministro de Defensa”.
La legislación generó una intensa discusión e incluso abrió la polémica con el gobierno de Estados Unidos, pues ellos alegaron que la normativa atentaba contra operaciones infiltradas de la Agencia Antidrogas (DEA) en su lucha contra el narcotráfico. En ese entonces, Estados Unidos suspendió el apoyo con los radares, por lo que Honduras tuvo que adquirir sus propios radares.
El propio mandatario Juan Orlando Hernández se mostró sorprendido, en aquel momento, con la reacción del gobierno norteamericano en contra de la normativa. “Jamás esperaría que Estados Unidos esté en contra de medidas que ellos mismos están tomando para asegurar a su pueblo”, reaccionó al sancionar la ley en abril de 2014.
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Luis Suazo, subsecretario de Seguridad, afirmó que la nueva Ley de Espacios Aéreos enviada al CN “se basa en estrategias con un importante concepto de poder acometer y traer a la justicia a las personas que se dedican al tráfico de estupefacientes por la vía área”.
Sobre el derribo de aeronaves del narcotráfico, explicó que “sí se contempla, pero en casos muy extraordinarios, para el caso, cuando haya sospecha que se está traficando productos prohibidos o se convierta en una amenaza para la aeronave nacional que esté haciendo la intercepción”.
En el último trimestre de 2019, Honduras suscribió varios acuerdos con Estados Unidos en materia de migración y seguridad, incluido el acuerdo de tercer país seguro que obliga a la nación a recibir migrantes que viajan ilegalmente al país del norte.
