Los altos números de violencia hacia mujeres y niñas, muertes violentas y femicidios en Honduras son inaceptables, pero siguen en aumento ante la pasividad de las autoridades y la sociedad, que parece ver con normalidad estos hechos.
Como ya lo hemos expuesto en este mismo espacio en varias ocasiones, la impunidad, estimada en más del 95% de los casos debido a la falta de investigaciones adecuadas, es un mensaje cruel para las familias que quedan devastadas por la pérdida de una madre, una hermana, una hija, mientras los asesinos siguen prófugos, sin temor a ser llevados algún día ante la justicia a responder por el delito cometido.
A pesar de las graves consecuencias que estos casos tienen en la sociedad, en las familias, siguen registrándose a diario en el territorio nacional.
El fin de semana anterior, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en el barrio Dolores del municipio de Naranjito, Santa Bárbara, con las que ya suman más de 150 mujeres que han perdido la vida de manera violenta en el territorio nacional.
Ellas están siendo víctimas en cualquier espacio, incluso en sus hogares.
Todos estamos conscientes de que frenar los feminicidios y la violencia contra las mujeres no es fácil, pero algo se tiene que hacer. No se puede seguir de brazos cruzados, contando el número de víctimas.
Las autoridades hondureñas tienen entre sus funciones constitucionales la obligación de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
Y no decimos que no han hecho nada, pero sí que lo hecho no ha sido suficiente, y así lo reflejan las cifras de muertes y otros tipos de violencia en contra de las mujeres, que tienen derecho a vivir en paz, plenitud y con oportunidades reales de progresar.
Ya basta de contar el número de víctimas
