La campaña electoral arrancó oficialmente en Honduras el lunes pasado, pero la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida popularmente como Unidad de Política Limpia, no cuenta con el presupuesto solicitado para sus tareas de fiscalización de los fondos a ser utilizados por los políticos en las mismas. Vladimir Mendoza, comisionado de la Unidad de Política Limpia, advirtió que la no aprobación de un presupuesto de 80 millones de lempiras “compromete la fiscalización de las campañas electorales en curso”.
“Cada semana sin presupuesto reduce la capacidad fiscalizadora”, afirmó en su momento el también comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hernández Hércules.
Pero eso parece no importar a los diputados que siguen dando largas a la aprobación de los presupuestos solicitados, e, incluso, usándolo desde la junta directiva como “moneda de cambio” para alcanzar consensos en la aprobación de otras leyes de su interés, según han denunciado algunos congresistas, desconociendo con ello la importancia de la Unidad de Política Limpia como el ente fiscalizador del financiamiento político, encargado de asegurar la transparencia, la equidad y la legalidad en el uso de los millonarios recursos por parte de partidos y candidatos.
La labor de fiscalización se vuelve vital luego que en las cortes de los Estados Unidos donde han sido juzgados varios políticos hondureños por actividades relacionadas con el narcotráfico, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, quedó en evidencia la financiación de estos grupos a políticos locales. Y no es que el trabajo de la Unidad de Política Limpia los disuadirá de seguir haciéndolo, pero es necesario que se vayan sentando las bases para que esas Editorialque han debilitado la democracia sigan presentándose.
