Honduras sigue, desgraciadamente, sumando nombres a la larga lista de víctimas de la violencia que azota al país desde hace años. En las últimas horas, un joven ingeniero fue asesinado en la populosa colonia Kennedy de Tegucigalpa por hombres que, presuntamente, intentaron robarle su motocicleta. Simultáneamente, en Tocoa, Colón, la sociedad se vio conmocionada por el cruel asesinato de una joven creadora de contenido para redes sociales.
Ambos hechos nos recuerdan que la ola de inseguridad golpea por igual a hombres y mujeres, sin distinguir edad ni condición social.
Según un análisis reciente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre el 1 de enero y el 10 de abril del presente año, 624 personas fueron asesinadas en el territorio nacional, cifras que nos siguen manteniendo en las los primeros lugares de las listas de los países más violentos del continente americano.
Si bien las causas de esta criminalidad son variables, es evidente que las políticas impulsadas por los distintos gobiernos no han sido lo suficientemente efectivas. Por ello, al inicio de cada administración, crecen las expectativas de un cambio real.
El actual mandatario, Nasry Asfura, quien centró su campaña en el eje de seguridad, convocó esta semana al Consejo de Seguridad y Defensa para definir las estrategias de choque contra esta problemática. Hablaron de reformas al Código Penal y de una ley para incrementar las penas en casos de femicidios, entre otros aspectos de relevancia.
El reclamo social es unánime: se exige rapidez y diligencia. Es imperativo implementar estrategias que ataquen de raíz las causas de la violencia, permitiendo que las y los hondureños puedan caminar por las calles, emprender negocios y ver crecer a sus hijos sin el peso paralizante del temor.
