Honduras está de luto. La violencia arrebató ayer (jueves) la vida de más de 20 personas en dos masacres en las que perecieron trabajadores del campo y agentes policiales. El primer hecho ocurrió en la conflictiva zona del Bajo Aguán, marcada históricamente por disputas de tierras entre grupos campesinos y la presencia de bandas criminales y de narcotraficantes. El segundo ocurrió en Corinto, Omoa, Cortés, una zona fronteriza con Guatemala, adonde un escuadrón policial se había trasladado desde Tegucigalpa para realizar el allanamiento de una vivienda.
Hasta entrada la noche, las autoridades no contaban con cifras exactas sobre el número de víctimas en ambos incidentes y mucho menos con capturas de los presuntos responsables.Ambos sucesos se ejecutan en un contexto de violencia y criminalidad endémica que golpea a la sociedad y que mantiene a las autoridades policiales y gubernamentales casi de rodillas. Las acciones tímidas estatales han permitido el crecimiento y fortalecimiento de estructuras delictivas que hoy en día controlan vastos territorios.
La situación es en verdad crítica. Las mismas autoridades policiales han aceptado en diversos momentos que tienen vedado el ingreso a territorios bajo el control de maras, pandillas y grupos criminales, que con su accionar impune causan pánico en la población, provocando el desplazamiento forzado de centenares de personas obligadas a dejar sus hogares y bienes a cambio de preservar sus vidas.
Los diputados aprobaron esta semana reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para endurecer las penas contra diversos delitos. Sin embargo, lo sucedido ayer es un duro campanazo de que el país no solo necesita una legislación robusta, sino políticas firmes contra la corrupción y la impunidad. Si las instituciones siguen evadiendo sus responsabilidades, terminaremos entregando el país por completo a las bandas criminales.
