La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización no gubernamental hondureña, ha desnudado en un informe el desorden administrativo que impera en la Secretaría de Educación, una institución sumida desde hace varios años en una profunda crisis estructural.
Entre los principales hallazgos figura el incremento de 4,191 empleados en la planilla entre 2022 y 2026; la existencia de 366 docentes con cuatro plazas o más; posibles irregularidades en la asignación de puestos, cargos duplicados y elevados salarios administrativos.
El informe también revela que el 85 % del presupuesto de Educación ejecutado en 2025 se destinó al pago de salarios. Otro dato que llama poderosamente la atención es que, entre 2022 y 2023, un grupo de 45 conserjes, guardias, oficinistas y porteros recibió pagos mensuales de entre 30,000 y 60,000 lempiras, montos que, según ASJ, llegaron a representar hasta tres veces la mediana salarial de sus respectivos cargos.
Pero los problemas del sistema educativo van mucho más allá del desorden administrativo. ASJ también identificó una disminución de 87,134 estudiantes en la matrícula pública entre 2022 y 2026. Por su parte, el informe Estado de País 2026: Educación advierte que más de un millón de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. A ello se suman los problemas de cobertura, la deserción escolar y el bajo rendimiento académico, particularmente en matemáticas.
Estos hallazgos no solo retratan la deficiente administración de los recursos humanos y financieros de la Secretaría de Educación. También ponen en evidencia las consecuencias de una gestión que termina perjudicando a la comunidad educativa y comprometiendo la calidad de la enseñanza.
Al mismo tiempo, plantean enormes desafíos para la actual administración del Estado, si realmente existe voluntad de ordenar la casa en un sector vital para el desarrollo del país. La tarea de adecentar y rescatar el sistema educativo exige el esfuerzo coordinado de todos los sectores.
Las denuncias deben investigarse, las responsabilidades deben deducirse cuando corresponda y las autoridades están obligadas a rendir cuentas. Hacer oídos sordos no es una solución. El país necesita decisiones, acciones y resultados.
