La persistencia de patrones de violencia y de contextos de riesgo que afectan a las mujeres -y, más grave aún, la presencia de barreras para el acceso a la justicia- son las conclusiones principales de un foro sobre la situación de la violencia contra las mujeres realizado esta semana en Tegucigalpa.
La actividad, convocada para conmemorar los diez años de funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, analizó una de las manifestaciones más crueles de la violencia en Honduras: el asesinato de mujeres y sus alarmantes niveles de impunidad.
En el foro se dio a conocer que al menos 3,591 mujeres fueron asesinadas en el país en la última década, pero también que las mujeres están denunciando ser víctimas de otras formas de violencia, como ser malos tratos, violencia doméstica, psicológica, física y sexual. Asimismo, amenazas, intimidación, lesiones y otras agresiones provenientes tanto de particulares como de las propias autoridades.
La situación es verdaderamente grave y exige acciones que vayan más allá del análisis estadístico en espacios de debate. De ahí que plantearon que el Estado hondureño atienda las causas estructurales de la violencia de género; garantice medidas oportunas y efectivas para las mujeres en riesgo e investigue cada caso con objetividad, imparcialidad y perspectiva de género.
Frenar todo tipo de violencia contra las mujeres requiere un abordaje integral del problema desde todas las aristas posibles. Las políticas de prevención y educación son vitales, pero también lo es exigir un alto a la impunidad, la cual representa, hoy por hoy, el principal escudo de protección para los agresores y feminicidas.
Solo mediante el fin de la impunidad y la aplicación rigurosa de la ley se podrá romper el ciclo de violencia y ofrecer una verdadera garantía de seguridad y justicia a las mujeres hondureñas.
