La muerte de tres hondureños dentro de un vagón de carga en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas (EE UU) revive los riesgos de la ruta migratoria que día a día -y a pesar de las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump- siguen recorriendo hondureños y hondureñas que dejan su tierra natal para ir en busca de oportunidades que permitan mejorar sus vidas y las de su familias.
Las víctimas fueron identificadas como el niño Nelson David Portillo, de catorce años, quien era originario de La Masica, Atlántida, y Denis Anariba, de 25 años, de El Negrito, Yoro (norte). La tercera víctima sería Josué Zerón Valdez, según la Cancillería hondureña. Otras cuatro víctimas eran mexicanos.
El suceso nos recuerda que el fenómeno migratorio persiste, desafiando las magnitudes registradas en años anteriores y las políticas de persecución implacable impulsadas por la actual administración estadounidense y que mientras los gobiernos de los países emisores no tomen acciones concretas para mitigar las causas que disparan la migración, el éxodo no se detendrá. Que se requiere de políticas públicas encaminadas a generar esas oportunidades que demandan los más necesitados para enfrentar las condiciones de vida precaria en las que viven.
La generación de empleo es una de ellas, pero, por igual, garantizar acceso a servicios básicos de salud y educación de calidad, a una vivienda digna y a condiciones de seguridad, entre otras.
Abrir espacios reales de apoyo para los miles de migrantes que están siendo deportados o que voluntariamente han decidido su retorno a la patria que les vio nacer, ante el acoso de las autoridades migratorias estadounidenses, es otro paso que se debe dar y profundizar.
Solo así se podrá convencer a las y los migrantes potenciales que todavía vale la pena forjarse un futuro en la tierra que les vio nacer, junto a sus familias, sin necesidad de exponerse a riesgos inimaginables que pueden representarles el dilema de existir o morir muy lejos de nuestra Honduras.
