Transparentar el uso de los fondos de la Tasa de Seguridad es un clamor popular que debe ser atendido con la inmediatez requerida por las nuevas autoridades del Estado.
Este tributo -que entró en vigencia en 2012 de manera temporal- se volvió permanente con el fin de apoyar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Pero, con el paso del tiempo, la sociedad resiente sus nulos resultados: mientras el Estado recauda millones de lempiras de manera ininterrumpida, la ola de violencia sigue siendo insostenible: la tasa de homicidios se mantiene entre las más altas de la región centroamericana; la de femicidios es una de las tres más altas del continente; y el flagelo de la extorsión sigue creciendo y golpeando con fuerza a diversos sectores de la economía, entre ellos el transporte y el comercio informal. Todo esto sin olvidar que extensos territorios en diferentes regiones del país continúan bajo el control total de maras y pandillas.
La Tasa de Seguridad no debe ser más una bandera electoral de los partidos políticos que, una vez hechos gobierno, olvidan lo ofrecido en campaña y retoman la opacidad y la reserva de información que tanto criticaron desde la oposición para seguir ejecutando los fondos a discreción.
Otro tema crucial de análisis es la distribución de estos recursos. Una investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que en 2025 un alto porcentaje de los fondos del popular “Tasón” se destinó a la compra de alimentos, alquiler de vehículos, pago de deuda, construcciones y apoyo a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). Mientras tanto, se asignaron cero lempiras al Ministerio Público, pilar fundamental en la investigación criminal y la persecución del delito.
Transparentar el uso de estos fondos no es una concesión ni un favor político: es una obligación insoslayable de las autoridades del Estado con la ciudadanía.
