El presidente Nasry Asfura informó esta semana sobre la suspensión de la construcción de tres de los seis hospitales que la administración de la presidenta Xiomara Castro había impulsado como proyectos insignes. La decisión, explicó, obedece a una orden emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público, instituciones que investigan supuestas irregularidades en la procedencia y ejecución de los presupuestos asignados a las obras.
Las obras suspendidas -financiadas con fondos nacionales- corresponden a Salamá, Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque. En ellas, el Ministerio Público investiga irregularidades relacionadas con procesos administrativos, planificación, sobrevaloración de estructuras e incluso problemas vinculados con la propiedad de los terrenos. Los restantes hospitales, que se ejecutan con fondos externos, continúan su curso normal.
El déficit hospitalario en Honduras constituye uno de los desafíos más críticos del sistema de salud pública, marcado por la baja inversión en infraestructura y un crecimiento poblacional que ha superado la capacidad instalada. Se estima que el país necesita al menos 20 nuevos hospitales de segundo y tercer nivel para descongestionar los centros de referencia nacional, como el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas, los principales referentes a nivel nacional.
Las investigaciones de los organismos competentes son necesarias y deben realizarse con objetividad, pero no basta con detener proyectos, se requiere voluntad política para garantizar que los recursos públicos se manejen con transparencia y que la corrupción no siga siendo el obstáculo que condena al pueblo a la precariedad de las atenciones en salud. La impunidad no puede seguir siendo el manto que cobije a quienes están obligados a manejar con manos limpias los recursos del pueblo.
