El Gobierno de Nasry Asfura, en Consejo de Ministros, aprobó la semana anterior la intervención de ocho instituciones estatales y la cancelación de otras 13, en el marco de un proceso de reestructuración encaminado a reducir el robusto aparato estatal y optimizar los presupuestos nacionales.
La decisión se fundamenta en hallazgos críticos: duplicidad de competencias, dispersión administrativa, debilidades organizacionales e ineficiencias que han limitado, por años, la capacidad del Estado para cumplir sus fines constitucionales.
Especial alarma causa el dato de la planilla salarial, la cual se incrementó en casi 30,000 millones de lempiras en el último cuatrienio, una cifra que asfixia las finanzas de un país con urgencias sociales impostergables. A esto se suman gastos suntuarios injustificables, como el alquiler de vehículos blindados, que simbolizan la desconexión entre la burocracia y la realidad del ciudadano de a pie.
Si bien amplios sectores aplauden esta búsqueda de eficiencia, la medida no debe quedarse solo en el ahorro operativo. Es imperativo que este proceso de “limpieza” administrativa venga acompañado de la rendición de cuentas. Si la sobredimensión del Estado fue producto de actos de corrupción o abuso de poder, los responsables deben ser denunciados ante los organismos competentes.
Asimismo, el gran reto del presidente Asfura será demostrar que este ahorro se traducirá en mejores servicios públicos, pues lo que se espera es que el dinero que deja de gastarse en burocracia debe verse reflejado en mejores hospitales, más medicamentos; escuelas con textos escolares y pupitres para todos.
Finalmente, se requiere blindar estas reformas con mecanismos de transparencia que impidan que las redes de corrupción vuelvan a permear las nuevas estructuras. La eficiencia no es solo gastar menos, sino gastar con integridad y sentido humano.
