Honduras sigue enfrentándose a uno de sus principales problemas: la creciente ola de violencia que, por un lado, arrebata vidas a centenares de hombres y mujeres, y el delito de extorsión, que drena millones de lempiras al sector productivo.
Es claro que -a pesar de los discursos oficiales destacando la reducción de las tasas de homicidios- las políticas públicas de seguridad no han dado los resultados esperados, y ello se palpa en las calles de las grandes ciudades, y, últimamente, en zonas rurales donde los homicidios siguen siendo noticia diaria. Por igual, las bandas delincuenciales agobian a sectores como el del transporte y el comercio formal e informal con el cobro de la extorsión.La administración Castro centro su política de seguridad en un estado de excepción que se extendió a lo largo de su mandato presidencial, con resultados altamente cuestionados por diversos sectores sociales y de defensa de derechos humanos, que consideraron que la suspensión de derechos y garantías a la población no observaron los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.
Ayer, la junta directiva del Congreso Nacional y la cúpula de la Secretaría de Seguridad acercaron posiciones sobre futuras reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, orientadas a endurecer el combate contra la extorsión y otorgar la facultad de declarar como “terroristas” a diversas estructuras criminales que operan en el país. Las autoridades dijeron que el objetivo central de esta nueva propuesta será la de dotar de nuevas herramientas legales a los operadores de justicia para frenar el cierre de negocios y el asedio al sector transporte.
Los hondureños siguen expectantes estos procesos y, al mismo tiempo confiados, que cada decisión que se tome lleve a reducir los alarmantes índices de violencia en todas sus formas, la aplicación estricta de las leyes, la reducción de los alarmantes índices de impunidad.
