En 2025, según las cifras oficiales, un total de 45,509 niños, niñas y adolescentes que estaban inscritos en el sistema educativo hondureño abandonaron los centros antes de finalizar el año escolar, lo que significa que de cada 100 estudiantes que iniciaron el año, aproximadamente dos a tres alumnos no lo terminaron. El 79% de los que desertaron son alumnos de básica (de primero a noveno grado); de los cuales primero, séptimo y octavo son los grado donde más se observa la mayor inasistencia, y el 18% de educación secundaria, siendo el décimo grado en donde hay más abandono.
Las estadísticas son dramáticas y reflejan que las políticas estatales para revertir los índices de deserción escolar no han sido efectivas, lo que sin duda obliga a las autoridades del recién instalado gobierno de Nasry Asfura a hacer lo propio para garantizar el derecho de la educación a los niños y jóvenes en el territorio nacional.
La deserción escolar en Honduras no es un fenómeno nuevo y mucho menos un problema aislado. Es más bien la suma de una serie de factores sociales y económicos que golpean a las familias hondureñas, que les obligan a abandonar los estudios para trabajar y aportar a la economía familiar.
Sumado a ello, el abandono del Estado de los centros educativos, miles de los cuales no cuentan siquiera con los servicios básicos y mucho menos acceso a las herramientas tecnológicas que marcan ahora la educación mundial, no hacen atractiva la escuela para muchos que, equivocadamente, perciben la misma como una pérdida de tiempo. Nada de lo que aquí hemos expuesto es nuevo, mucho menos para las autoridades educativas, que, se supone, cuando asumen los altos cargos en el sistema, tienen un panorama amplio de las causas y las consecuencias del fenómeno de la deserción en todo el sistema.
De ahí que el desafío al que se enfrentan las nuevas autoridades es grande: garantizar que todos los niños y las niñas en edad escolar estén matriculados y, más importante, que permanezcan en las aulas y aprendan.
