La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, alertó sobre las amenazas en contra de la institucionalidad del organismo electoral. “Es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas”, dijo la funcionaria, luego que el fiscal general Johel Zelaya sorprendiera con el anuncio de una investigación al ente electoral por una presunta conspiración que “amenaza el proceso electoral”, ordenar, una vez más, el secuestro de documentos y acusar a los tres consejeros de los presuntos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Constitución, la seguridad del Estado, su integridad territorial y la administración pública.
La acción del fiscal solo inyectó un poco de gasolina a la ya agudizada crisis política que mantiene paralizado el organismo electoral y sin ninguna duda pone en precario todo el proceso electoral, y sacó a las calles a los diputados liberales que, en una manifestación que terminó en enfrentamientos con la Policía en los bajos del Congreso Nacional, demandaron respeto a la democracia.
La crispación política no abona al buen manejo del proceso electoral, por lo que el llamado a la clase política es a deponer los intereses personales y de grupo a los de la hondureñidad, que aspira a una elección transparente en la que se garantice el respeto a cada uno de los votos que sean depositados en las urnas.
El respeto a la democracia y al Estado de derecho pasa por el respeto a la institucionalidad del CNE.
Tal como lo han expuesto los empresarios en un comunicado, “cualquier intento o presión indebida contra el CNE atenta contra la institucionalidad democrática y pone en riesgo la estabilidad social del país”, y esa no debe ser la apuesta de la clase política, obligada hoy más que nunca a buscar avenidas de diálogo que lleven a acuerdos en favor de la patria.
