El Congreso hondureño estará conociendo esta semana un paquete de reformas electorales encaminadas a la adopción de mecanismos que aseguren la continuidad y el fortalecimiento de la democracia en Honduras.Las reformas se impulsan sobre la tesis de que el país no puede ni debe ser sometido al estrés electoral que puso en vilo las elecciones del año pasado y la estabilidad democrática.
Se anuncia que el paquete de reformas se centrará en reestructurar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), un mecanismo considerado clave para afianzar la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la paz social, queda fuera de la propuesta por falta de consenso.
La segunda vuelta es una aspiración de varios sectores sociales e, incluso, de sectores políticos de oposición, que ven en esta figura un camino expedito para definir en las urnas los resultados ajustados -como en el proceso de noviembre del año pasado- y garantizar con ello gobiernos con más amplios márgenes de reconocimiento popular.
Pero lo cierto es que desde las esferas del poder político sobran las excusas para evitar incluir dicha figura en la propuesta de reformas. Aunque por ahora no están en el debate público, se espera que este paquete incluya reformas dirigidas al fortalecimiento del sistema de transmisión de resultados, la elección de las autoridades electorales y, según señalan diversos sectores, la posible elección separada de presidente, diputados y alcaldes, entre otros aspectos.
La clase política, representada en los diputados de todas las bancadas en el Congreso Nacional, tiene en sus manos la oportunidad de trabajar en reformas estructurales -nunca cosméticas- que fortalezcan la democracia hondureña. Esa es la aspiración popular: que no se juegue a seguir favoreciendo a unos pocos en detrimento de la sociedad.
