El juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, ha dejado al descubierto lo que era un secreto a voces: la profunda politización de la institución encargada de representar, defender y proteger los intereses de la sociedad hondureña.
Esta conclusión se desprende de las comparecencias ante la comisión especial de diputados, integrada para conocer la defensa del fiscal frente a las denuncias presentadas por 93 congresistas. Los señalamientos contra Zelaya son graves: el uso del Ministerio Público para la persecución política de la oposición, una intromisión directa en los procesos electorales de 2025 (primarios y generales) y el incumplimiento de sus deberes constitucionales.
Durante las audiencias, el testimonio de siete testigos ratificó presuntas arbitrariedades cometidas durante su mandato. Las declaraciones evidenciaron interferencias en procesos administrativos de personal, así como denuncias de hostigamiento y vejámenes contra empleados de la institución.
Particularmente crítica fue la revelación sobre la manipulación de investigaciones relacionadas con denuncias de corrupción del ambientalista Juan López, presentadas a la Fiscalía de La Ceiba antes de ser asesinado en Tocoa, Colón.
La comisión especial ya ha entregado su informe a la Secretaría del Congreso Nacional. Trascendió que la recomendación principal al pleno es la destitución definitiva y permanente de Zelaya.
De aprobarse esta medida, se abriría la oportunidad para una reestructuración integral del Ministerio Público. Este proceso debería iniciar con el nombramiento de un fiscal que, por encima de los intereses partidarios, posea un alto perfil técnico e independiente que garantice, finalmente, una aplicación imparcial de la justicia, alejada del manoseo político al que se ha visto sometido en los últimos años.
