Asumió ayer (jueves) el cargo de Fiscal General de la República con el compromiso de impulsar el fortalecimiento de la institución y del Estado de derecho.
“A la ciudadanía en general le expreso que mi gestión estará orientada a combatir la impunidad, proteger a las víctimas y asegurar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley”, dijo en su primera comparecencia ante la prensa.
Su trabajo no será fácil, pues encuentra una institución altamente quebrantada por la gestión de su antecesor, Johel Zelaya, y las demandas ciudadanas por una mayor eficacia en la aplicación de la justicia.
Pero su gran tarea sin duda que será la despolitización total del ente acusador, pues en países como el nuestro la aplicación imparcial de la justicia no solo debe serlo, sino parecerlo, principalmente cuando la sombra del partido de turno siempre sobrevuela a quienes llegan a ocupar esos altos cargos.
Pablo Emilio Reyes deberá demostrar que el camino hacia un Estado de derecho sólido no empieza ni termina con el cambio de hombres y nombres en los principales cargos de dirección de instituciones como el Ministerio Público, sino con el fortalecimiento de procesos que sobrevivan a las personas.
Bien lo ha expuesto el primer fiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, quien ha manifestado que “la motivación de los que votaron es pasado. Lo que viene es responsabilidad exclusiva del Fiscal General (...)”, y que con el paso del tiempo “nadie recordará quién votó a su favor, pero todos sabrán de lo bueno o lo malo de su gestión. Su juez será la historia, no los diputados que lo votaron”.
En manos del nuevo fiscal general está demostrar que este cambio ha sido un paso necesario en el proceso de fortalecimiento de la democracia y no más de lo mismo, de las luchas intestinas políticas por el interés de quienes gobiernan la nación.
