Los índices de violencia, delincuencia e inseguridad siguen golpeando a la población de a pie, más allá de las cifras y declaraciones que manejan los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad.
Si bien no se puede desconocer que el número de homicidios ha caído en los últimos meses, tampoco, el hecho que todos los días son muchos los hondureños que siguen perdiendo la vida de manera violenta y que sus asesinos siguen en las calles por la incapacidad de las autoridades competentes de investigar, identificar, capturar y presentar a los organismos correspondientes a los responsables.
Los niveles de extorsión siguen, por igual, al alza. El estado de excepción, la medida extraordinaria adoptada por la actual administración para hacerle frente a este flagelo, ha sido un fracaso, en opinión de los transportistas, uno de los principales grupos víctimas de las bandas de delincuentes que se dedican casi en la total impunidad a esta actividad delictiva. “Nosotros seguimos pagando los mismos montos a los extorsionadores, ni un cinco menos, es más, ahora los extorsionadores se han extendido a zonas que hasta hace un par de años no operaban y al interior del país”, comentó recientemente a los periodistas un dirigente del sector, “seguimos de rodillas ante los extorsionadores”.
Otro problema que agobia a los hondureños son los asaltos, ya sea en las calles y avenidas de las ciudades en que habitan o en las unidades del transporte público. Y si bien este es un tema del que no se habla y no se denuncia, ayer saltó a la opinión pública al conocerse que hombres armados que asaltaban una unidad del transporte público en San Pedro Sula mataron a un pasajero e hirieron a dos más.
Ante todos estos escenarios y muchos otros aquí no señalados, las autoridades de Seguridad están obligadas a replantearse las políticas para salvaguardar la vida y los bienes de los hondureños.
