En Colombia, ayer lunes, el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay continuaba luchando por su vida, tras ser atacado a tiros durante un acto de campaña la tarde del sábado pasado en Bogotá. El ataque ha generado el repudio internacional y la indignación de miles de colombianos que reclaman una investigación exhaustiva que lleve ante la justicia a los autores intelectuales y materiales del caso.
“Este acto cobarde y criminal atenta no solo contra la vida de un líder político, sino también contra los valores fundamentales de la democracia, la libertad y la convivencia pacífica que nuestros pueblos latinoamericanos han luchado por construir”, dice un comunicado del Partido Liberal de Honduras.
Y es que este hecho no puede pasar desapercibido en el contexto de alta polarización que actualmente marca el camino hacia las elecciones generales de noviembre próximo en nuestro país. Recordamos, por ejemplo, la agresión a la entonces precandidata a diputada por el Partido Nacional, Sara Zavala, en el marco de la entrega de las planillas de su partido al Consejo Nacional Electoral (CNE), previo a las elecciones internas del 9 de marzo.
El hecho fue repudiado por diversos sectores e incluso denunciado ante los organismos competentes, pero no pasó a más. La justicia no actuó.
La violencia política, en cualquiera de sus formas, es un fenómeno que atenta contra los principios fundamentales de la democracia, por lo que no debe pasar desapercibido ni dejado impune.
Es un mal contra el cual todos -ciudadanos, clase política y gubernamental- estamos obligados a enfrentar y frenar.
Lo que sucedió en Colombia no debe replicarse nunca más, ni en el hermano país suramericano, ni en ningún otro país del continente. El compromiso de todos debe ser decirle no a la violencia política en cualquiera de sus formas.
