El Congreso Nacional discutirá esta semana un nuevo paquete de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal como parte de las acciones impulsadas para hacer frente a la creciente ola de criminalidad organizada y violencia que agobia a la sociedad hondureña.
Muchas de las medidas de seguridad anunciadas en el país están inspiradas en el modelo de mano dura promovido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Cabe recordar que autoridades de seguridad e integrantes del Poder Legislativo han viajado al vecino país para conocer de cerca el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y sus estrictos controles penitenciarios.
Si bien Honduras, en su historia reciente, registra inversiones millonarias en complejos penitenciarios que se vendieron como de alta seguridad para neutralizar al crimen organizado, ahora se plantea la construcción de una nueva cárcel inspirada en CECOT salvadoreño.
Otro de los puntos en debate es la propuesta de endurecer las sanciones y revisar la edad de responsabilidad penal para menores de edad que integran bandas o estructuras criminales.
Se espera que en este debate los diputados no olviden que la atención de esta problemática no pasa únicamente por crear nuevos delitos, aumentar las penas o endurecer las condiciones de encarcelamiento. Es vital que reflexionen y encaminen acciones para hacer frente a la fragilidad de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.
Por años, las cárceles han operado como “universidades del crimen” y centros de mando desde donde se ordenan extorsiones, secuestros y homicidios. Fortalecer, depurar y blindar a los órganos policiales y militares, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia son ejes fundamentales de cualquier estrategia de seguridad que aspire a ser exitosa
