Los miembros del Congreso Nacional han recibido una nueva propuesta de reformas electorales orientado a transparentar el escrutinio de votos y garantizar la equidad entre los aspirantes políticos. En el documento presentado por la organización Defensores de Honduras, se plantea la creación de una mesa ciudadana de fiscalización electoral que opere de forma independiente durante el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y que todo funcionario que aspire a un cargo de elección popular, renuncie al mismo un año antes.
Esta iniciativa se suma a otras propuestas ingresadas entre 2025 y 2026 por diputados, bancadas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales se encuentran actualmente en análisis por la Comisión de Asuntos Electorales.
Se prevé que esta nueva solicitud se incorpore al paquete de reformas que debió presentarse en octubre pasado, conforme a los compromisos asumidos por los legisladores a inicios de año. Sin embargo, el proceso continúa paralizado bajo el argumento de que no existen consensos en torno a los temas más sustanciales, como la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas de votación.
Aunque la fiscalización ciudadana en el conteo de votos representa una de las mayores aspiraciones del pueblo hondureño, su avance amenaza con chocar contra el muro levantado por las bancadas representadas en el Poder Legislativo.
Dilatar la discusión de las reformas no es más que una estrategia defensiva para frenar cualquier transformación profunda del sistema.
En ese sentido, diversos sectores coinciden en que esa táctica es grave para la sociedad porque están ignorando el severo impacto que este retraso genera en la democracia y la confianza ciudadana.
