Un juez de la Corte Federal del Distrito Norte de California, en San Francisco, extendió la semana pasada el estatus de protección temporal en beneficio de unos 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que están viviendo en Estados Unidos.
El TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés), que permite a los ciudadanos de los países beneficiados vivir y trabajar en Estados Unidos -y debía finalizar el 8 de septiembre para unos 51,000 hondureños-, se mantendrá vigente hasta el próximo 18 de noviembre.
El anuncio ha generado alegría entre la comunidad migrante que lucha por mantener su estatus y, al mismo tiempo, división de criterios en Honduras, donde gobierno y organizaciones que luchan por sus derechos se disputan la autoría de la decisión -temporal-, y así lo ha hecho ver el gobierno de Trump, que no vaciló exponer en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que “el TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto” y que “apelará” la decisión y “llevará la batalla legal a instancias superiores”.
Con ello, queda claro que la lucha no ha terminado y que la sombra de la deportación sigue persiguiendo a los miles de compatriotas que gozan de ese beneficio, y que el gobierno hondureño está llamado a redoblar la ayuda y el apoyo a esa comunidad, principalmente en la dotación de pasaportes y otra documentación que puedan requerir en los procesos de ajuste de su condición migratoria a los que se han sometido o se someterán en los próximos días.
Y más allá de los bonos políticos que sin duda en estos momentos de campañas electorales se quieran ganar, ese acompañamiento debe ser cercano, puntual, efectivo, sin olvidar que otros miles de compatriotas que no están acogidos al TPS siguen siendo deportados diariamente y también requieren del apoyo de las autoridades y la sociedad entera para salir adelante.
